El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado un expediente para reclamar el reintegro del denominado Complemento de Pruebas Físicas que cobraron un total de 81 agentes de Policía Municipal que no llegaron a hacer dichas pruebas porque ya estaban jubilados. Las cantidades reclamadas ascienden a 593.165 euros, a una media de 7.300 euros por persona.
El presunto pago indebido de dicho complemento en Policía Municipal es objeto de diligencias preliminares por parte del Tribunal de Cuentas. El origen de la investigación es el informe de fiscalización de la Cámara de Comptos sobre las cuentas municipales de 2023. Dicho informe consideraba que se pagó “indebidamente este complemento por la superación de pruebas físicas a los agentes jubilados que no han realizado las pruebas convocadas al efecto, sin causa que lo justifique y sin soporte adecuado”. Por ello, recomendaba iniciar un expediente para solicitar el reintegro de estas cantidades.
Una sentencia de junio de 2020 del Tribunal Contencioso-Administrativo reconoció el derecho de la plantilla de la Policía Municipal a la compensación del 17% por superación de pruebas físicas, tal como recoge la Ley Foral de Policías de 2018 y con efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la ley. Esta sentencia es firme desde abril de 2021.
El ayuntamiento convocó por primera vez pruebas físicas en octubre de 2023. Sobre la base de sus resultados, en noviembre de 2023 se abonaron 919.599 euros a 380 agentes de Policía Municipal correspondientes al periodo enero a octubre de 2023. Sin embargo, en este importe se incluyeron 26.241 euros abonados a 20 policías jubilados ese año que no habían realizado las pruebas físicas. Estos pagos iban en la nómina de noviembre de 2023. Algunos agentes en activo que no se presentaron a las pruebas no cobraron dicho complemento.
Además, en agosto de 2024 el ayuntamiento abonó 6,5 millones a 477 agentes por el complemento correspondiente al periodo 2018-2022. Entre los perceptores había 81 policías jubilados en ese periodo que no realizaron las pruebas de octubre de 2023, pero que sí percibieron un total de 593.165 euros.
En sus alegaciones a la Cámara de Comptos, el ayuntamiento defendió la legalidad del pago a las personas jubiladas porque “las demoras en la ejecución de la sentencia no eran imputables a estas personas”, según el informe de la Asesoría Jurídica fechado en diciembre de 2024. Este informe recordaba que tras la sentencia ha habido también procedimientos abreviados para la reclamación de intereses de demora con varias resoluciones a favor de los agentes.
La Cámara de Comptos rechazó estas alegaciones y en su informe definitivo de diciembre de 2024 mantuvo la recomendación de reintegro “de dichos cobros”. A principios de este año, el Tribunal de Cuentas abrió diligencias previas sobre este asunto, que trasladó al ayuntamiento. El consistorio presentó alegaciones en febrero pero esta vez cambió de criterio. Así, informó al tribunal que ha iniciado el expediente para el reintegro de las cantidades consideradas indebidas, según el informe del 17 de enero de la Asesoría Jurídica. Por ello, solicita al tribunal el archivo de las diligencias previas.
El informe jurídico incluye un anexo con los nombres de los 81 agentes y las cantidades que deben reintegrar. Estas personas tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones.
