El exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, actualmente en segunda actividad, será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Cáceres. La Fiscalía solicita para él una pena de 2 años y 6 meses de prisión por un presunto delito de revelación de secretos, agravado por su condición de funcionario. El caso está relacionado con la filtración del examen de oposición del cuerpo policial de 2022.
Inicialmente, la causa se tramitaba en el Juzgado de lo Penal, pero se ha aceptado la solicitud presentada por el abogado defensor de Cacho, Emilio Cortés. Esta petición, basada en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que establece que los presuntos delitos cometidos por miembros de la policía deben ser juzgados por la Audiencia Provincial y no por el juzgado de lo penal. Con la aceptación de esta solicitud, ya se puede fijar la fecha del juicio.
El propio Emilio Cortés explicó que se había presentado un escrito para que la Audiencia Provincial asumiera el caso y que, hasta finales de septiembre, la petición seguía pendiente de resolución, lo que estaba retrasando la citación judicial. La defensa argumentaba que la legislación vigente establece la competencia de la Audiencia Provincial para este tipo de delitos.
Detalles de la Acusación
En enero se hizo público el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, que solicita para Cacho una pena de 2 años y 6 meses de prisión por un delito de revelación de secretos. Además, se pide una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 5 años, todo ello en relación con la filtración del examen de oposición.
Para el profesor de academia implicado en el caso, que también es policía, la acusación pide una pena de 5 años de prisión, la pérdida durante 10 años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, así como una multa equivalente al triple del beneficio obtenido y que se acredite en el juicio.
El examen en cuestión, correspondiente a una oposición libre para cubrir ocho plazas, se celebró en septiembre de 2022. Las plazas fueron adjudicadas y los agentes incorporados a sus funciones. Según la Fiscalía, el profesor de academia habría revelado información obtenida del otro acusado, miembro del tribunal, a sus alumnos mediante mensajes y audios de Whatsapp que incluían varios archivos en PDF.
En esos mensajes, se alertaba a los alumnos sobre los temas concretos que aparecerían en el examen, incluyendo posibles preguntas para la oposición
