Las instituciones de la Unión Europea han establecido un marco para que la retirada del permiso de conducir en un país miembro por una infracción grave sea efectiva en todo el territorio comunitario. Este acuerdo, fruto de una negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, pretende poner fin a la impunidad de la que gozaban hasta ahora algunos conductores sancionados en un Estado distinto al que les expidió la licencia.
El nuevo sistema obliga a los países a comunicarse entre sí sin demoras excesivas cuando se retire, suspenda o restrinja un carné por delitos viales de gravedad. Entre estas infracciones se incluyen la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la implicación en un accidente con víctimas mortales o los excesos de velocidad significativos. El Estado donde se cometió la falta notificará la sanción al país que emitió el permiso original, que estará obligado a aplicar una privación similar del derecho a conducir, haciéndola así efectiva en los Veintisiete.
El procedimiento establece que, una vez agotados todos los recursos, el país infractor dispondrá de un máximo de veinte días hábiles para informar al conductor de la decisión final y del proceso para recurrirla. No obstante, se prevén excepciones, como la posibilidad de que el Estado emisor decida no ejecutar la sanción si considera que no se ha respetado el derecho de defensa del conductor.
La medida, calificada por sus promotores como un avance crucial para la seguridad vial en la Unión, busca homogenizar la aplicación de la justicia y eliminar los vacíos legales que permitían a un infractor inhabilitado en un país seguir conduciendo en el resto de la UE. Se prevé una revisión de la normativa en un plazo de cinco años para evaluar su eficacia y aplicación.
