La relación entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Granollers se encuentra en un momento crítico, marcado por una escalada de tensiones tras meses de desencuentros y negociaciones fallidas. Los sindicatos UGT y SPL-CME han decidido interponer una demanda judicial contra el consistorio por la presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. El origen inmediato del conflicto radica en el comportamiento del inspector temporal de la Policía Local, quien solicitó la intervención de la Policía Científica de los Mossos d’Esquadra para identificar al responsable de colocar un cartel crítico con su gestión en un panel sindical protegido por cerradura.
Ambas organizaciones sindicales han confirmado que el caso ya está siendo tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona. Este episodio es solo el último de una serie de conflictos laborales que se han ido enquistando, y que salieron a la luz pública el pasado mes de agosto.
El nuevo inspector de la Policía Local no solo ordenó la retirada inmediata del cartel sindical, sino que, ante la negativa de los delegados, activó a la Policía Científica de los Mossos para levantar huellas dactilares y forzó el cristal del panel, a pesar de que la jefatura disponía de copia de las llaves. Para los sindicatos, esta actuación fue “desproporcionada” y podría suponer “un abuso de autoridad, un intento de censura y un posible tráfico de influencias”.
El cartel en cuestión, dirigido a los trabajadores interinos, ponía en duda las promesas de estabilización laboral anunciadas por el Ayuntamiento y recordaba que el propio inspector también ocupa un puesto interino. El mando policial consideró que el escrito atentaba contra su honor y exigió su retirada en un plazo máximo de seis horas, llegando a amenazar a los delegados sindicales con denuncias por injurias y coacciones.
Lejos de quedarse ahí, el inspector advirtió por escrito que instalaría cámaras de videovigilancia en las zonas donde aparecieran carteles similares. Días después, se colocó la primera cámara en la sala de briefing, un espacio compartido con otros colectivos municipales. Los sindicatos interpretaron esta medida como un intento claro de control y vigilancia de la actividad sindical, calificándola de “intolerable”.
Falta de respuesta y demanda judicial
Tras estos incidentes, los sindicatos reclamaron formalmente a la alcaldesa la restitución del uso del tablón sindical, la reposición del cartel retirado y garantías de respeto a sus derechos fundamentales. La ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento llevó finalmente a la presentación de la demanda judicial el 21 de octubre. Los sindicatos denuncian que no se trata de un hecho aislado: ya el 1 de abril, coincidiendo con la llegada del inspector, se produjeron a su entender las primeras faltas de respeto hacia la representación laboral, lo que motivó la petición de apertura de un expediente disciplinario.
Recortes Operativos y Creciente Malestar
El malestar dentro del cuerpo policial se ha visto agravado por las políticas impulsadas por el nuevo inspector, que incluyen recortes operativos y de personal, como la reducción de patrullas, el recorte del 50% en la atención ciudadana y el cierre de la comisaría por las noches, fines de semana y festivos.
Además, los representantes sindicales denuncian una estrategia para crear una plaza a medida del inspector, aunque la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento habría desmentido la existencia de una futura plaza de intendente con mayor salario por la misma función.
El descontento no es nuevo. Según datos sindicales, más del 15% de las plazas de la comisaría de Granollers permanecen vacantes desde 2023 y siguen sin cubrirse. Hasta ahora, los turnos se mantenían gracias a las horas extra, pero la situación se ha vuelto insostenible: «La gente se cansa de hacer tantas horas extra. Son voluntarias, salvo en casos de fuerza mayor. Todos tenemos un límite: también tenemos familia y hay que conciliar», explican los sindicatos. Esto ha provocado que, en turnos como el de una mañana de verano, más de 30 servicios quedaran sin cubrir.
En este contexto de desgaste absoluto, los sindicatos han vuelto a solicitar públicamente la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, al que acusan de ausentarse reiteradamente de las reuniones con los representantes de la plantilla, denunciando lo que consideran un «abandono de funciones sin precedentes».
