La Policía Local de Santa Margalida (Mallorca) atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. Doce de los 23 agentes que integran la plantilla han registrado dos escritos formales en el Ayuntamiento de Santa Margalida en los que alertan de graves deficiencias organizativas atribuidas al jefe del cuerpo y denuncian el “abandono” institucional por parte del alcalde, Martí Torres (PP).
La ausencia de respuesta municipal a estas comunicaciones ha incrementado el malestar entre los agentes firmantes, en su mayoría incorporados en los últimos años, que hablan de una situación de “desánimo y desamparo”. Este conflicto no surge de forma aislada, sino que se suma a un clima interno deteriorado desde hace tiempo y a una causa judicial abierta por presunta prevaricación contra el actual jefe policial, el exalcalde Joan Monjo y la secretaria municipal, pendiente aún de declaraciones judiciales.
En los escritos, los agentes denuncian “incumplimientos normativos graves”, una estructura de mando “opaca” y una planificación de servicios carente de transparencia. Señalan que los turnos se comunican de manera individual y sin acceso a una visión global, lo que, según afirman, genera desigualdades, dificulta la conciliación familiar y fomenta un clima de recelo dentro del cuerpo.
También alertan de una plantilla insuficiente para un municipio que, a su juicio, debería contar con entre 35 y 50 policías locales. A ello se suman denuncias por diferencias salariales injustificadas, con agentes asignados de forma permanente a turnos diurnos —de lunes a viernes— que perciben complementos de nocturnidad, mientras el resto asume la carga de servicios nocturnos, de riesgo y fines de semana. Los firmantes sostienen que esta situación provoca un perjuicio económico evidente y una desigualdad salarial entre agentes que realizan las mismas funciones.
Los policías también critican la aplicación de una prolongación de jornada aprobada por decreto de alcaldía, que consideran discriminatoria y carente de control horario efectivo. Según indican, existen agentes que reciben compensaciones económicas sin realizar dicha prolongación, avaladas únicamente por informes del jefe policial.
Otro de los puntos señalados es el control excesivo mediante sistemas de geolocalización en los vehículos y cámaras en dependencias policiales, sin que existan espacios adecuados de descanso o comedor que garanticen la intimidad del personal.
Este contexto habría tenido consecuencias directas sobre la salud laboral. Los agentes denuncian un aumento de bajas médicas por estrés, ansiedad y fatiga, así como problemas de sueño, agotamiento y pérdida de motivación entre quienes permanecen en activo. La situación cuenta con el respaldo del sindicato UGT.
Ante el silencio institucional, los policías hacen un llamamiento a la responsabilidad y advierten de que, si no se actúa, la seguridad del municipio podría verse comprometida. “Con menos agentes, más cansados y desmotivados, aumentan los riesgos y las demoras en cualquier intervención”, subrayan.
Por su parte, el alcalde Martí Torres ha evitado entrar en el fondo de las denuncias y se ha limitado a destacar el “gran trabajo” que, a su juicio, realizan tanto el jefe policial como el conjunto de la plantilla. No obstante, ha asegurado que las quejas presentadas “se analizarán una por una”.
