Las Jefaturas de Policía Local de numerosos municipios de la provincia de Córdoba han remitido un escrito formal a la Dirección General de Tráfico (DGT) en el que expresan su “malestar e indignación” por las auditorías realizadas en los últimos meses sobre el uso de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), conocida como Cliente Ligero, una herramienta considerada fundamental para el desempeño diario de las funciones policiales.
En el documento, las jefaturas recuerdan que las Policías Locales son cuerpos policiales que, conforme a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poseen carácter de agentes de la autoridad y desarrollan funciones esenciales en materia de seguridad pública. Entre sus competencias destacan la regulación y control del tráfico urbano, la instrucción de atestados por accidentes de circulación, funciones de policía administrativa, actuaciones de policía judicial, prevención de delitos, auxilio en situaciones de emergencia y colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las Jefaturas subrayan además que las Policías Locales ejercen funciones de Policía Judicial con capacidad legal para investigar tanto delitos leves como menos graves dentro del marco jurídico establecido, defendiendo que dicha labor requiere herramientas adecuadas de acceso a información policial.
En este sentido, denuncian que, a diferencia de otros cuerpos policiales estatales o autonómicos, las Policías Locales no disponen de una base de datos policial propia y dependen exclusivamente de la plataforma PID para realizar consultas imprescindibles en el desarrollo de su actividad profesional. El escrito sostiene que la implantación de Cliente Ligero supuso un “retroceso importante” respecto a la anterior plataforma ATEX, al limitar las posibilidades de consulta y dificultar tanto las funciones administrativas como las investigaciones policiales.
El conflicto se intensificó tras las auditorías realizadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba durante los últimos cinco meses. Según explican las Jefaturas, numerosos municipios han sido auditados incluso en dos ocasiones desde octubre de 2025, entre ellos Benamejí, Montalbán, Villanueva de Córdoba, Espejo, Espiel, Castro del Río, Montilla, Pedro Abad, Cañete de las Torres, Cabra, Doña Mencía, Bujalance, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Adamuz, Fernán Núñez, Montoro, Hinojosa del Duque, Puente Genil, Villafranca, Montemayor, Baena, Nueva Carteya, La Carlota, Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo, La Rambla, Córdoba, El Carpio, Pozoblanco, Belalcázar y Fuente Obejuna.
El escrito explica que el servicio de consulta fue suspendido temporalmente en varios municipios por supuestos criterios técnicos que, según afirman, la mayoría de las jefaturas desconocían. Tras corregir las deficiencias detectadas y justificar la necesidad operativa de la herramienta, el acceso volvió a habilitarse. Sin embargo, las Jefaturas aseguran haber sido advertidas de que las nuevas auditorías serán “más severas”, lo que podría derivar nuevamente en suspensiones del servicio.
Los responsables policiales comparan la eventual pérdida de acceso al PID con dejar sin sistemas como SIGO o SIDENPOL a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sin SIP PF a las policías autonómicas, insistiendo en que se trata de una herramienta “fundamental de intervención” para las Policías Locales.
Asimismo, las Jefaturas reconocen la necesidad de controlar el correcto tratamiento de los datos personales mediante auditorías, pero consideran desproporcionada la reiteración de controles en un periodo tan corto de tiempo, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones de personal y medios técnicos que padecen muchos ayuntamientos.
Otro de los aspectos denunciados en el documento es que las Policías Locales no habrían sido tenidas en cuenta a la hora de definir los supuestos habilitantes para realizar consultas a través del PID. Según sostienen, muchas actuaciones derivadas de su actividad diaria no encajan en los criterios establecidos por Tráfico, dificultando así la prestación eficaz del servicio y afectando negativamente a la atención a la ciudadanía.
Finalmente, las Jefaturas reclaman una mayor flexibilidad y cooperación entre administraciones públicas para garantizar la eficacia, la agilidad y la coordinación institucional en beneficio del interés general y del servicio al ciudadano.
El escrito, fechado en Córdoba el 12 de marzo de 2026, está firmado por las Jefaturas de Policía Local de Benamejí, Montalbán de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Espejo, Espiel, Castro del Río, Montilla, Pedro Abad, Cañete de las Torres, Cabra, Doña Mencía, Bujalance, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Adamuz, Fernán Núñez, Montoro, Hinojosa del Duque, Puente Genil, Villafranca, Montemayor, Baena, Nueva Carteya, La Carlota, Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo, La Rambla, Córdoba, El Carpio, Pozoblanco, Belalcázar y Fuente Obejuna.
