El alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tráfico y se encuentra implicado entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, conducir bajo los efectos del alcohol por encima de los límites legales se considera una infracción grave, con consecuencias severas. Quien comete esta infracción puede enfrentarse a una multa de entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carné de conducir.
En el año 2023, la DGT impuso sanciones por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol en la conducción por un valor total de 22,968 millones de euros, según ha informado el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. Esta cifra representa una ligera disminución en comparación con los 23,393 millones recaudados el año anterior.
Sin embargo, el Gobierno ha destacado que las sanciones de tráfico no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan mejorar la seguridad vial y disuadir conductas de riesgo, y ha recordado a VOX que las sanciones están reguladas por leyes aprobadas por las Cortes Generales, y cualquier modificación en el régimen sancionador debe ser realizada por este órgano legislativo, no por el Ejecutivo.
“No pueden ser objeto de alteración por parte del Ejecutivo, sino que es una atribución que a las Cortes Generales. Además, se señala que la finalidad de las sanciones previstas no tiene un propósito recaudatorio, sino un ánimo disciplinario de la circulación vial vinculado fundamentalmente a la seguridad del tráfico y salvaguarda de la vida e integridad física de todos los usuarios de las vías, así como de disuasión a los conductores de una conducta de riesgo para sus vidas y la vida del resto de usuarios de las vías”, han aclarado.
