El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en vigor la nueva ordenanza reguladora de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una norma que busca dar respuesta al crecimiento del uso de patinetes eléctricos en la ciudad y mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. Con esta regulación, el consistorio establece un marco claro de obligaciones y limitaciones para los usuarios, facilitando también la labor de control por parte de la Policía Local.
La ordenanza fija una edad mínima de 15 años para la conducción de estos vehículos e impone el uso obligatorio de casco, además de prohibir el transporte de pasajeros. También queda vetado el uso de auriculares o teléfonos móviles durante la conducción, reforzando así la atención del usuario en la vía. En cuanto a las condiciones del vehículo, se exige la incorporación de sistemas de alumbrado, especialmente en situaciones de baja visibilidad, y se contempla la obligatoriedad de contar con seguro de responsabilidad civil en determinados supuestos, como el uso profesional.
En materia de circulación, la normativa delimita claramente los espacios permitidos, priorizando el uso de carriles bici y calzada, y prohibiendo expresamente la circulación por aceras y zonas peatonales. La velocidad máxima se establece en 25 km/h, con reducciones en zonas compartidas, donde además se obliga a descender del vehículo cuando la densidad peatonal lo requiera o al cruzar pasos de peatones.
Otro de los aspectos relevantes es la regulación del estacionamiento, que limita el aparcamiento a espacios habilitados y prohíbe el anclaje a elementos del mobiliario urbano, evitando así obstáculos y problemas de accesibilidad.
El incumplimiento de estas normas conllevará sanciones que pueden oscilar entre los 50 y los 400 euros, en función de la gravedad de la infracción, incluyendo en determinados casos la inmovilización o retirada del vehículo.
Desde el punto de vista policial, la entrada en vigor de esta ordenanza supone una herramienta esencial para ordenar una realidad cada vez más presente en las ciudades. La regulación permite reforzar el control preventivo y actuar frente a conductas de riesgo, contribuyendo a un modelo de movilidad más seguro, en el que la convivencia entre peatones, conductores y usuarios de VMP se desarrolle en condiciones adecuadas.
