La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Elisa Vedrina, destacó que las personas con movilidad reducida se enfrentan a diario a numerosos desafíos, uno de los cuales es la dificultad o imposibilidad de obtener el carné de conducir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Subrayó que “para estas personas su obtención favorece su autonomía personal y su integración familiar, laboral y social”. “El carné de conducir les otorga una autonomía indispensable, pero por desgracia muchas provincias no tienen autoescuelas con vehículos adaptados”, explicó.
El diputado de este mismo grupo parlamentario, Ángel Ibáñez, planteó la necesidad de que haya “más formación, más sensibilización y más concienciación” de los conductores para alcanzar en 2030 el objetivo de reducir en un 50% el número de fallecidos en carretera. Para ello, pidió al Gobierno que amplíe sus acciones e impulse “de modo decidido” dichas medidas formativas, de sensibilización y de concienciación de los conductores, “contando con la participación de expertos en seguridad vial y de las asociaciones de víctimas”.
Por su parte, el diputado del Grupo Popular, Óscar Ramajo, denunció “el colapso total” que sufre la DGT, por lo que reclama medidas urgentes para paliar el déficit de personal en las Jefaturas de Tráfico que está ocasionando importantísimos retrasos en la tramitación administrativa. “La falta de personal también afecta a los examinadores”, añade, pues “en España hay más de 60.000 alumnos esperando para poder hacer su examen práctico de conducir, y casi todas las autoescuelas han pasado de tres convocatorias al mes a una, lo que está creando un tapón con un tiempo medio de espera para examinarse de hasta seis meses”.
