En la mañana del pasado viernes se celebró en el salón de plenos de la Casa del Ayuntamiento de Lugo una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad en la que se acordó la inminente colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Diputación Provincial de Lugo y el Ayuntamiento de Lugo, para el ejercicio de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad vial en vías urbanas que no son de la titularidad municipal.
De este modo, tras lo pactado en la reunión de trabajo interadministrativa, la Policía Local podrá llevar a cabo determinadas intervenciones encaminadas a garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del tráfico en dotaciones que son de titularidad autonómica o provincial. Así, los agentes podrán actuar con totales garantías en todos los aparcamientos del municipio que dependen de la Diputación provincial, como el habilitado en el Hogar de Santa María o el de propio palacio de San Marcos, y también en los aparcamientos que el Gobierno autonómico posee en los centros de secundaria de Ramón Ferreiro.
“Estamos realmente satisfechos. Este acuerdo nos permite avanzar en el constante trabajo que desde lo Gobierno local llevamos a cabo para mejorar la seguridad ciudadana al tiempo que mejoramos la eficiencia policial. El acuerdo tomado hoy, que se materializará formalmente una vez cumplimentado el proceso administrativo, es el resultado de un enorme trabajo colaborativo llevado a cabo tanto a nivel técnico cómo político entre las cuatro administraciones implicadas”, destacó el alcalde de Lugo, Miguel Fernández.
“Tras lo pactado en la Junta de trabajo de hoy, el Gobierno autonómico ya no tiene excusa para no poner de inmediato a disposición de la ciudadanía los aparcamientos de los institutos como llevamos años demandado ya que ya los términos sobre los que se firmará el convenio de forma inminente están cerrados”, prosiguió el regidor.
Los convenios tendrán una duración de cuatro años una vez materializados. Con todo, cualquier momento antes de la finalización prevista, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un período adicional de hasta cuatro años.
