José Francisco Cano de la Vega, director de SeguCITY digital
Hablar de Seguridad Pública sin hablar también de la salud mental de quienes la garantizan es, sencillamente, una omisión que ya no nos podemos permitir. En los últimos años, los datos sobre suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España han dejado de ser una estadística incómoda para convertirse en una señal de alerta que interpela directamente a las administraciones públicas, a los mandos y a la propia cultura profesional.
No estamos ante un fenómeno aislado ni coyuntural. La realidad es que el suicidio figura entre las principales causas de muerte no natural entre los agentes de los Servicios Policiales. Esto debería bastar para situar la cuestión en el centro del debate estratégico sobre recursos humanos, operatividad y calidad del servicio público.
La función policial implica una exposición constante a situaciones de elevada carga emocional: intervenciones con víctimas, conflictos familiares, accidentes graves, violencia urbana o decisiones críticas en cuestión de segundos. A ello se suma la presión estructural de los turnos, la dificultad para conciliar y, en demasiadas ocasiones, una cultura interna que sigue asociando pedir ayuda con debilidad.
Ese es, probablemente, uno de los mayores obstáculos: el silencio. Un silencio que no es individual, sino organizativo. Durante años, el bienestar emocional no ha formado parte de la conversación profesional con la naturalidad con la que se abordan otros riesgos laborales. Y sin embargo, hablamos de un riesgo real, medible y, en muchos casos, prevenible.
Es cierto que se han dado pasos. Desde la secretaria de Políticas de Bienestar y Salud Laboral de Unijepol, en colaboración con diversas entidades como la FEMP, se han elaborado protocolos. En algunos Servicios Policiales existen programas de apoyo psicológico, protocolos de intervención y unidades especializadas que trabajan en la detección temprana. Pero también es cierto que estos avances, siendo necesarios, aún resultan muy insuficientes, si no van acompañados de un cambio más profundo: el de asumir que la salud mental no es un complemento, sino un pilar del servicio policial.
Sinceramente creo que este debate debe abordarse sin estridencias, pero sin ambigüedades. No se trata únicamente de aumentar recursos —que también—, sino de revisar modelos de liderazgo, reforzar la formación en detección de señales de riesgo y normalizar el acceso a apoyo psicológico como parte del desempeño profesional.
La Policía Local, por su proximidad al ciudadano y su intervención directa en el tejido social, ocupa una posición especialmente sensible. Esa cercanía, que es una de sus mayores fortalezas, también implica una mayor exposición emocional. Por eso, cualquier estrategia de modernización policial que aspire a ser creíble debe incorporar de forma explícita el cuidado de sus profesionales.
No podemos exigir excelencia operativa a quienes no cuentan con el respaldo emocional adecuado. No podemos hablar de vocación de servicio mientras ignoramos el desgaste que esa vocación genera. Y, desde luego, no podemos seguir considerando la salud mental como un asunto privado cuando sus consecuencias afectan directamente a la seguridad colectiva.
Este no es solo un problema de cifras. Es una cuestión de responsabilidad institucional y de coherencia. Cuidar a quienes nos cuidan no es un eslogan: es una obligación. El reto, ahora, es transformar la conciencia en acción sostenida. Porque en Seguridad Pública, como en tantos otros ámbitos, prevenir siempre será más eficaz —y más humano— que llegar tarde.
