El Acuerdo sobre condiciones laborales del personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos permite que los empleados públicos se inscriban en acciones formativas que se consideran tiempo efectivo de trabajo. Para ello, establece que los cursos deben estar organizados por el propio Ayuntamiento o por las centrales sindicales firmantes del convenio, y han de estar relacionados con el puesto de trabajo del empleado o contribuir a su promoción interna. Quienes los completan generan una bolsa de hasta 40 horas anuales de descanso que pueden disfrutar a lo largo del año.
La inmensa mayoría de los empleados públicos utilizan correctamente esta posibilidad, pero la picaresca también alcanza a la Administración. Tanto es así que un policía local de la capital afronta una posible condena de un año de prisión por simular la realización de un curso que en realidad nunca llevó a cabo. La Fiscalía lo considera autor o cooperador necesario de un delito de falsedad documental en documento oficial.
En septiembre de 2023, el agente remitió un correo electrónico a sus superiores solicitando la creación de una bolsa de horas de descanso. Para ello adjuntó un documento que «simulaba una certificación emitida por la Central Independiente de Funcionarios (CSIF)» acreditando la realización de un curso sobre control del tráfico ilícito de armas.
En dicho certificado, que figuraba como impartido entre el 1 de junio y el 30 de julio, aparecía el nombre del acusado y se señalaba que había superado el curso con la calificación de apto.
Sin embargo, el Ministerio Público indica en su escrito de acusación que el documento fue “elaborado” por el propio agente —o por terceros con su consentimiento— pese a saber que no había realizado la formación. Para ello habría utilizado un formulario original al que modificó la fecha, el contenido del curso y el número de registro, que correspondía en realidad a otro curso que sí había completado en 2022.
