Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha respaldado la continuidad en sus puestos de tres comisarios de la Policía Local, en una resolución que pone fin —al menos por ahora— a un prolongado conflicto judicial sobre su designación. La sentencia desestima el recurso presentado por un mando policial que solicitaba la anulación de los nombramientos, después de que el proceso selectivo que dio origen a estas plazas fuera invalidado previamente por el Tribunal Supremo.
El origen del caso se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento aprobó las bases para la promoción interna de tres plazas de comisario. Tras años de litigios, el Tribunal Supremo anuló dichas bases en 2022, lo que abrió un debate jurídico sobre las consecuencias de esa decisión y, en particular, sobre si los nombramientos debían mantenerse o quedar sin efecto.
Pese a la anulación del proceso, el Consistorio optó por conservar a los tres comisarios en sus cargos, argumentando que actuaron como terceros de buena fe y que debía prevalecer la seguridad jurídica. Esta decisión fue recurrida posteriormente, dando lugar al procedimiento ahora resuelto.
El juzgado ha avalado finalmente la postura municipal, al considerar que no procede revisar ni anular los nombramientos en los términos solicitados por el demandante. De este modo, los tres mandos policiales continuarán en sus funciones, consolidando una situación que se prolonga desde hace más de una década.
No obstante, el fallo no está exento de críticas hacia la actuación del Ayuntamiento. El magistrado reprocha al Consistorio haber recurrido al silencio administrativo en lugar de emitir una resolución expresa, recordando que las administraciones públicas tienen la obligación legal de responder de forma motivada a las solicitudes planteadas por los ciudadanos.
La resolución introduce así una doble lectura: por un lado, valida la continuidad de los comisarios; por otro, cuestiona la gestión administrativa del caso, subrayando la importancia de garantizar procedimientos transparentes y ajustados a derecho en el ámbito de la función pública.
El caso, que se arrastra desde hace más de diez años, ha tenido un notable impacto en la estructura de mando de la Policía Local y sigue marcando el debate sobre los límites entre la seguridad jurídica y la legalidad en los procesos de acceso y promoción dentro de la administración.
