La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha constatado que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha cometido varias infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, entre ellas una de carácter grave, tal como establece la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La investigación se inició tras la denuncia de un funcionario de la Policía Local que fue apartado de su puesto en 2021 y que, a día de hoy, sigue esperando que el consistorio cumpla la sentencia firme del Tribunal Supremo que ordena su reincorporación. Este agente había señalado hasta seis incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral: no someterle al reconocimiento médico obligatorio, retirarle de manera irregular su arma de fuego reglamentaria, imponerle órdenes vejatorias y humillantes, y negarle la entrega de un chaleco antibalas, a diferencia de sus compañeros. Según el denunciante y el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF), estas acciones no eran hechos aislados, sino que conformaban una situación de acoso laboral.
La Inspección de Trabajo ha confirmado la veracidad de estas acusaciones y ha reflejado en su informe que el Ayuntamiento no ha desarrollado medidas básicas para proteger la salud psicosocial de sus policías locales. Entre las carencias detectadas figuran la ausencia de protocolos contra el acoso laboral, la inexistencia de equipos de asistencia psicológica específicos, la falta de manuales y procedimientos claros para el desempeño de la labor policial, y la no creación de órganos adecuados de prevención de riesgos laborales. Además, se critica la falta de planificación en la carrera profesional y la ausencia de estilos de mando democráticos que garanticen un entorno laboral saludable.
El SRPF considera que este caso supone un hito negativo, al que ha calificado como “el mayor caso de acoso laboral funcionarial de la historia de España”. Asimismo, ha anunciado que interpondrá una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar una indemnización por las infracciones sufridas y para exigir la depuración de responsabilidades de quienes permitieron o ejecutaron estas conductas.
