La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado sentencia absolutoria para el exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, y para el responsable de una academia de formación investigados por una presunta filtración de preguntas en un proceso de oposiciones celebrado en 2022. El tribunal concluye en su resolución que no existen pruebas suficientes que acrediten que ambos acusados revelaran información confidencial o anticiparan el contenido del examen a los aspirantes, motivo por el que han sido absueltos del delito de revelación de secretos por el que estaban siendo juzgados.
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2022, cuando se celebró una prueba selectiva para cubrir ocho plazas de agente de la Policía Local de Cáceres mediante el sistema de oposición. La investigación judicial se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre la posible filtración de parte del examen.
A raíz de esta denuncia se analizaron, entre otras pruebas, audios compartidos en un grupo de mensajería, en los que supuestamente se hacía referencia a contenidos relacionados con la prueba. Sin embargo, el tribunal ha considerado que esos elementos no permiten demostrar que existiera una transmisión ilícita de las preguntas del examen.
Falta de pruebas
Durante el juicio declararon opositores, miembros del tribunal evaluador y responsables policiales que detallaron el funcionamiento y los protocolos de seguridad del proceso selectivo. Tras analizar la documentación y los testimonios, la sala concluyó que las acusaciones se basaban en sospechas que no pudieron acreditarse con pruebas concluyentes.
En el procedimiento, la Fiscalía había solicitado dos años y seis meses de prisión para el exjefe policial y cinco años para el profesor de la academia, al considerar que ambos habrían compartido información que posteriormente apareció en el examen.
Pese a la investigación, el proceso selectivo se desarrolló con normalidad y las plazas convocadas fueron finalmente adjudicadas a los aspirantes que superaron las pruebas, quienes actualmente ejercen sus funciones como agentes. Además, ninguno de los participantes presentó reclamaciones ni impugnó el examen.
La sentencia pone así fin a un proceso judicial que se ha prolongado durante varios años y que generó atención en torno a la transparencia de los procesos selectivos en el ámbito policial.
