La Sección de Violencia sobre la Mujer del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrejón de Ardoz ha abierto diligencias previas contra el jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, por presuntos delitos de violencia de género, lesiones, violencia doméstica y maltrato familiar, tras las denuncias presentadas por dos mujeres ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.
La causa, que permanece bajo secreto de sumario, se inició tras la remisión a la autoridad judicial de un atestado policial a finales de 2025. Las denunciantes son, según fuentes de prensa, su expareja habitual y una exagente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz (el anterior destino del que hoy es jefe de la Policía Local de Alcalá).
El procedimiento judicial en curso aborda, en el ámbito penal, la posible comisión de delitos tipificados en materia de violencia de género y delitos contra la integridad física, así como aspectos relacionados con el maltrato en el contexto familiar, figuras que en sede penal exigen una investigación exhaustiva y respetando las garantías del debido proceso.
Antecedentes recientes y otros procedimientos
Este no es el primer procedimiento en el que ha estado implicado el responsable policial. En 2025, una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz interpuso una demanda por acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias cuando Moreno desempeñaba la jefatura en ese municipio, lo que llevó a la convocatoria de un acto de conciliación al que el investigado no acudió personalmente, aunque su defensa rechazó cualquier acuerdo.
Según informaciones periodísticas, la investigación judicial también ha vinculado el caso a posibles agresiones sexuales y violencia en el ámbito laboral durante su mandato anterior, aunque los detalles concretos de esos hechos forman parte de las diligencias bajo secreto.
Repercusiones institucionales
La apertura de esta investigación ha generado reacciones políticas en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El Grupo Municipal Socialista ha exigido el cese inmediato del comisario jefe, subrayando que la permanencia de un responsable policial bajo esta situación procesal podría dañar la credibilidad de la institución y enviar un mensaje contradictorio en la lucha contra la violencia de género. Los socialistas han reclamado, además, responsabilidad política a la alcaldesa Judith Piquet por su mantenimiento en el cargo.
La polémica llega en un contexto en el que la gestión de la seguridad municipal ya se encontraba bajo escrutinio tras la imputación de la propia alcaldesa por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos por la difusión en redes de un atestado policial.
Aspectos jurídicos y procesales
En el sistema jurídico español, la apertura de diligencias previas responde a si existen indicios racionales de la posible comisión de hechos delictivos. La declaración del procedimiento bajo secreto de sumario es habitual en investigaciones penales en curso para preservar la eficacia de la investigación y los derechos de las partes, según la regulación procesal aplicable.
Las posibles imputaciones por violencia de género —tipificadas en el Código Penal y con especial protección por la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género— implican un tratamiento específico por parte de los juzgados especializados en estas materias, con medidas cautelares y seguimientos de oficio cuando proceda, conforme a la jurisprudencia y práctica de los tribunales competentes.
Por ahora, y hasta que el juzgado decida sobre la apertura de juicio oral, la instrucción judicial seguirá bajo reserva, y cualquier avance en el procedimiento dependerá de las diligencias de investigación, declaraciones y pruebas que se practiquen en las próximas fases procesales.
