La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la resolución de 5 de junio de 2023 de la Dirección General de la Guardia Civil que daba luz verde a las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS de Tráfico), tras estimar el recurso interpuesto por JUCIL.
La asociación profesional impugnó la medida al considerar que estas unidades se crearon al margen de los procedimientos legales. Según denunció, los primeros indicios de su existencia surgieron con la asignación de destinos a agentes, sin que previamente se hubiera formalizado su creación ni adaptado la normativa correspondiente. Además, criticó la ausencia de participación de las asociaciones profesionales en el proceso.
Durante el litigio, la Dirección General de la Guardia Civil defendió la legalidad de su actuación y solicitó la inadmisión del recurso. Argumentó que se trataba de una actuación no susceptible de recurso y que, en cualquier caso, se había presentado fuera de plazo. El tribunal, sin embargo, rechazó estos planteamientos y analizó el fondo del asunto.
La sentencia concluye que la Dirección General constituyó una nueva unidad operativa sin seguir el procedimiento exigido para una decisión de este alcance. El fallo destaca que la creación de las UNIS se comunicó únicamente a través de la intranet corporativa, sin publicación oficial ni tramitación formal, y sin someterse a órganos como el Consejo de la Guardia Civil ni a los cauces normativos preceptivos.
El tribunal también descarta que se trate de una mera reorganización interna. Considera probado que la medida implicó la creación efectiva de una nueva estructura con funciones operativas y asignación de personal, lo que en la práctica supuso una modificación del marco normativo vigente.
Desde JUCIL valoran la sentencia como un nuevo toque de atención a la Dirección General y subrayan la necesidad de respetar los procedimientos legales, así como el papel de las asociaciones profesionales en decisiones que afectan a la organización del servicio y a las condiciones de los guardias civiles.
La asociación apunta que la Administración podría recurrir el fallo en casación, lo que retrasaría su aplicación.
