El policía local de Estepona que denunció un presunto delito de acoso sexual por parte del alcalde del municipio, José María García Urbano, la ha ratificado este viernes en sede judicial. Tras su declaración, se han presentado una serie de supuestas pruebas que demostrarían los hechos, según el abogado del denunciante. Ahora, será el juzgado encargado el que decida los siguientes pasos a tomar y determine si el regidor debe o no ser prestar declaración.
La denuncia fue presentada el pasado 23 de octubre en el Decanato de los Juzgados de Estepona y, posteriormente, remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad. Las fuentes jurídicas aclaran que la causa se encuentra en un momento muy incipiente y que será el juez, tras recabar indicios, el que decida si el regidor de Estepona es finalmente investigado o no por este asunto.
La denuncia, que inicialmente elaboró su letrado, refleja que la supuesta víctima llegó como funcionario en prácticas al Ayuntamiento de Estepona en marzo de 2022. Desde esa fecha y hasta junio de 2023, cuando el agente se tomó una baja laboral, se habrían producido los supuestos episodios de abusos sexuales que narra en el escrito y traslada ahora al juez. El texto añadía que sufrió supuestas presiones y hostigamiento para mantener relaciones con el regidor y que, posteriormente, se ampliaron a su pareja. Alega que accedió a esas pretensiones por miedo a perder su trabajo.
En el escrito inicial el abogado aseguraba que disponía de testigos y pruebas videográficas y documentales que las aportaría cuando citasen a declarar a su cliente.
El alcalde de Estepona, tras hacerse eco los medios de esta información, manifestó en su perfil de X (antiguo Twitter) estar siendo «víctima de una denuncia falsa» e informó de que «ha decidido poner el asunto en manos de un equipo de abogados, que va a personarse en el procedimiento a los fines de solicitar que se proceda a escucharle, de manera voluntaria y a la mayor brevedad, para poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia». “Es una inadmisible e injusta campaña para dañar mi dignidad personal y mi trayectoria con una única y clara finalidad espuria”, concluyó García Urbano.