La titular del Juzgado de Instrucción que investiga el accidente mortal registrado en la atracción conocida como «saltamontes» durante las fiestas de Matamá ha acordado la citación en calidad de investigado del jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo. La comparecencia judicial ha sido señalada para el próximo 26 de febrero y, según consta en la resolución, se adopta “en aras de salvaguardar sus derechos”, conforme a las garantías procesales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con esta decisión, el número de personas investigadas en el procedimiento asciende a seis. Inicialmente fueron llamados a declarar el propietario de la atracción y el presidente de la comisión de fiestas organizadora del evento. Posteriormente, la instructora amplió las diligencias a la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez Calviño, y al jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Vigo, Antonio V.M., quienes ya han prestado declaración ante el órgano judicial.
Asimismo, figura como investigado A.L.A., perito responsable de la inspección técnica y revisión anual de la atracción realizada meses antes del siniestro. Este último no pudo comparecer en la fecha inicialmente señalada por motivos de salud, por lo que el juzgado ha abierto la posibilidad de que su declaración se practique mediante videoconferencia, garantizando así la continuidad de la instrucción.
El procedimiento trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades penales relacionadas con la autorización, supervisión técnica, control administrativo y condiciones de funcionamiento de la instalación ferial. La fase actual se centra en la práctica de diligencias orientadas a delimitar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, los informes técnicos emitidos y la actuación de los distintos responsables municipales y privados implicados en la organización y control del evento.
La citación en calidad de investigado no implica pronunciamiento sobre culpabilidad, sino que responde a la necesidad de garantizar el derecho de defensa de las personas cuya actuación está siendo objeto de análisis en sede judicial, en el marco de una investigación que continúa abierta. No obstante, lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto que el mero hecho de ser jefe de Policía Local constituye realmente una profesión de riesgo.
