El Ayuntamiento de Pinto (Madrid, municipio con 56.000 habitantes) ha puesto en marcha en las últimas semanas un amplio sistema de videovigilancia que amplía significativamente el control visual del municipio. Con la instalación de 46 nuevas cámaras, la localidad del sur de Madrid da un paso más en su estrategia de mejora de la seguridad ciudadana, combinando la tecnología con la actuación policial rápida y eficaz.
Estas cámaras no sólo están destinadas a leer matrículas de vehículos que acceden o circulan por la localidad, sino que incorporan funciones avanzadas que permiten detectar e identificar a personas en situaciones de riesgo, como puede ser el caso de desapariciones, violencia o altercados en vía pública.
Refuerzo policial con tecnología
El nuevo sistema se integrará en breve con los dispositivos personales de los agentes de la Policía Local, lo que permitirá que las alertas generadas por las cámaras lleguen directamente a sus móviles o tablets. Así, las respuestas ante posibles incidencias serán más rápidas, lo que redundará en una mayor seguridad para el vecindario.
Fuentes municipales han señalado que este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y seguridad urbana, que se complementa con los buenos datos de criminalidad en la ciudad: Pinto lleva dos años consecutivos con cifras a la baja en sus índices de delincuencia.
Seguridad y prevención
Este sistema de videovigilancia se considera también una herramienta preventiva, ya que contribuye a disuadir conductas delictivas y a mejorar la coordinación entre servicios de emergencia. Se espera que en las próximas semanas se publiquen los primeros resultados sobre su impacto real en el municipio, con indicadores sobre reducción de tiempos de respuesta de la Policía Local y mejora en la resolución de incidentes.
Con este nuevo avance, Pinto se sitúa entre los municipios madrileños que apuestan por la tecnología como aliada clave en la gestión de la seguridad pública, sin descuidar la protección de datos y la privacidad, aspectos que el consistorio asegura tener garantizados en el funcionamiento del sistema.
