El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un nuevo protocolo municipal destinado a coordinar la actuación ante derrumbes, inundaciones y otras patologías graves que afecten a edificios públicos o privados de la ciudad. El documento establece un procedimiento común para intervenir desde el primer aviso hasta la posible reubicación de personas afectadas.
La medida nace con el objetivo de evitar improvisaciones en situaciones complejas que requieren la participación simultánea de distintos servicios municipales. El protocolo ha sido presentado en la Comisión de Presidencia y recoge la experiencia acumulada tras diversos incidentes registrados en los últimos meses.
El sistema contempla la intervención coordinada de áreas como Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Conservación Urbana, Acción Social, Proyectos Estratégicos y la empresa pública PCH-IB. También se prevé la participación del área de Comunicación en aquellos casos con especial repercusión social.
Uno de los aspectos más relevantes del protocolo es la organización de las inspecciones técnicas. Durante el horario laboral, las evaluaciones serán realizadas por personal técnico municipal, mientras que fuera de ese horario el Ayuntamiento podrá recurrir a profesionales externos incluidos en un listado de urgencia. El informe definitivo corresponderá siempre al equipo técnico municipal, que determinará el estado estructural del inmueble, las condiciones de habitabilidad y las posibles restricciones de acceso.
El documento incorpora además una vertiente social para los casos en los que sea necesario desalojar viviendas. En esas situaciones, el área de Acción Social coordinará la atención a las personas afectadas y analizará alternativas habitacionales y medidas de apoyo.
El protocolo se divide en siete fases, desde la detección del siniestro y la activación de los servicios de emergencia hasta la comunicación con residentes y comunidades de propietarios sobre las actuaciones necesarias. En el caso de inmuebles privados, Urbanismo asumirá la coordinación administrativa y podrá impulsar medidas como órdenes de ejecución, clausuras o autorizaciones de acceso en función del estado del edificio.
