El Gobierno de Navarra ha dado luz verde a la implantación del modelo Barnahus, un sistema de atención integral dirigido a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que busca ofrecer una respuesta coordinada y especializada desde las instituciones públicas. La iniciativa se articula a través de un convenio de colaboración en el que participan el Ejecutivo foral, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el Colegio de Abogados de Pamplona. Este acuerdo establece un marco común de actuación que permitirá unificar la intervención de los distintos servicios implicados en la protección de menores.
El modelo Barnahus —“la casa de la infancia”— plantea un cambio en la forma de atender a las víctimas, reuniendo en un mismo espacio los recursos judiciales, sanitarios, psicológicos y sociales. De este modo, se evita que los menores tengan que pasar por múltiples servicios y repetir su testimonio en distintos entornos, reduciendo así la denominada victimización secundaria.
El sistema apuesta por una atención personalizada, con un enfoque interdisciplinar y centrado en el bienestar emocional y la protección de los derechos del menor. Además, garantiza la confidencialidad, la participación de la víctima en el proceso y la adaptación del entorno a sus necesidades.
Implicación de múltiples servicios públicos
El convenio contempla la participación de varios departamentos del Gobierno de Navarra —entre ellos Educación, Salud, Derechos Sociales e Interior— así como de servicios sociales municipales, el sistema educativo y el ámbito sanitario, fundamentales para la detección precoz de casos.
También se establece la colaboración con el ámbito judicial y policial, con el objetivo de ofrecer una respuesta unificada que mejore la eficacia de la intervención y la protección de las víctimas.
El modelo Barnahus en Navarra se configura como un recurso público especializado, dependiente del área de Justicia, con una estructura estable de profesionales y una red de apoyo interinstitucional que permitirá actuar en todo el territorio.
El acuerdo aprobado tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, lo que garantiza la consolidación de este sistema en la comunidad foral.
Con esta iniciativa, Navarra se suma a la implantación de un modelo reconocido a nivel europeo que sitúa a la infancia en el centro de la intervención y refuerza la coordinación entre instituciones para mejorar la respuesta frente a la violencia sexual.
