El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo mantiene abierto un procedimiento sumario en el que figura como investigado un agente de la Policía Municipal por su intervención en un incidente con arma de fuego ocurrido en marzo de 2024, en el que resultaron heridas dos personas en situación de sinhogarismo, una de ellas de gravedad.
En la causa, el Ayuntamiento de Barakaldo aparece como responsable civil subsidiario respecto de la actuación del agente, encontrándose el Consistorio personado en el procedimiento.
Los hechos tuvieron lugar el 21 de marzo de 2024, alrededor de las 08:20 horas, cuando personal de obras municipales se desplazó hasta el antiguo túnel que comunicaba el barrio de Lutxana con la zona de Lurkizaga para proceder al cierre de un hueco abierto en el tapiado del acceso. Los operarios acudieron acompañados por cinco agentes de la Policía Local.
Según el relato oficial incorporado a las diligencias, en el interior del pasadizo se localizaron tres varones que pernoctaban en el lugar. Durante la intervención, uno de los agentes efectuó varios disparos con su arma reglamentaria al considerar que existía una amenaza inminente con un arma blanca, resultando heridas dos de las personas allí presentes.
El procedimiento, identificado como sumario ordinario 457/2024, atribuye la condición de investigado a uno de los policías intervinientes y sitúa al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en relación con una eventual responsabilidad derivada de los hechos.
Desde el ámbito municipal, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, ha manifestado públicamente su respaldo a la actuación policial, señalando que la intervención se produjo ante la existencia de una amenaza con cuchillo. Paralelamente, diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas han expresado su disconformidad con la intervención, calificándola de desproporcionada.
El caso ha sido también analizado por la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, órgano colegiado adscrito al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y dotado de autonomía funcional. En su informe, sin entrar a valorar la posible responsabilidad penal, se señalan deficiencias en el ámbito deontológico y procedimental, así como aspectos relacionados con la planificación de la intervención y el cumplimiento de determinadas obligaciones legales en materia de atención al sinhogarismo.
La investigación judicial continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias concretas del uso del arma de fuego, el grado de adecuación de la actuación a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y la posible existencia de responsabilidades penales o civiles.
