Desde el pasado mes de noviembre, siete agentes de la Policía Local han sido detenidos en el marco de la investigación conocida como Operación Terence, dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y posteriormente puestos en libertad, quedando todos ellos a disposición judicial. Un octavo agente ha comparecido en calidad de investigado, sin que se practicara su detención.
Las comparecencias se han producido en dependencias de la Policía Nacional por autorización judicial, con el objetivo de agilizar una macrocausa que supera ya los cuarenta investigados. Tal y como estaba previsto, los agentes citados han optado por no prestar declaración en sede policial, reservándose para hacerlo ante la autoridad judicial competente.
Según el análisis de las diligencias practicadas hasta el momento, han sido citados prácticamente todos los integrantes de la cúpula del grupo investigado, a excepción de quien la UDEF identifica como principal cabecilla: el exjefe de la Policía Local de la ciudad de Granada, José Manuel Jiménez Avilés.
Estructura del grupo investigado
La UDEF describe una organización jerarquizada, activa al menos desde 2007, cuyo objetivo habría sido “configurar un cuerpo policial a medida” mediante el control de los procesos de acceso y promoción interna. El informe distingue dos niveles de responsabilidad:
- Mayor nivel: integrado por Jiménez Avilés —aún no citado—un intendente identificado como J.J.M.J., señalado como co-líder de la trama, así como un subinspector y un inspector considerados personas de máxima confianza.
- Segundo nivel: compuesto por dos agentes —uno de ellos representante sindical del SIPLG— y un psicólogo que participaba en los procesos selectivos investigados.
De los siete principales implicados, cinco ya han sido detenidos y puestos en libertad tras comparecer en dependencias policiales. Las primeras citaciones se produjeron el 14 de noviembre y las segundas el 16 de diciembre. Entre los investigados figuran, además, otros agentes que formaron parte de distintos tribunales de selección.
A los implicados se les atribuye, de forma indiciaria, la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho y pertenencia a grupo criminal.
El atestado policial detalla un sistema organizado cuyo fin último sería ejercer un control efectivo sobre los accesos y ascensos dentro de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada, extensible a otros municipios de la provincia.
De acuerdo con la investigación, los responsables del grupo habrían intervenido en la designación de tribunales examinadores afines, pactando previamente la filtración de contenidos de exámenes y asegurando resultados favorables a determinados aspirantes. A cambio, los miembros de dichos tribunales habrían recibido promesas de futuras promociones profesionales.
Este esquema habría generado un circuito de favores cruzados que permitía al grupo disponer de información privilegiada y condicionar los resultados de pruebas tanto de nuevo ingreso como de promoción interna. La UDEF considera que los procesos de ascenso investigados entre 2019 y 2025 serían una consecuencia directa de este modus operandi.
Medidas para evitar detección
El informe subraya que el grupo habría ido adaptando sus métodos con el paso del tiempo para minimizar riesgos y evitar denuncias, tras experiencias previas. Entre otras medidas, se habría optado por la entrega personal de las preguntas de los exámenes, descartando el uso de medios electrónicos, con el objetivo de no dejar rastro documental.
Las conversaciones intervenidas reflejan, según la UDEF, un conocimiento pleno de la ilicitud de las conductas y una clara preocupación por extremar las precauciones.
Papel del sindicato y del personal externo
La investigación considera que el SIPLG habría sido utilizado como instrumento para facilitar la designación de miembros afines en los tribunales, permitiendo al grupo controlar un elevado porcentaje de las preguntas en determinados procesos. Asimismo, la participación del psicólogo investigado habría garantizado el control de las pruebas psicotécnicas y entrevistas personales.
Los investigadores destacan la vocación de permanencia del sistema, con referencias explícitas en mensajes internos a beneficios futuros incluso para descendientes de los implicados. Los beneficios obtenidos habrían sido tanto económicos —dietas, ascensos y mejoras retributivas— como indirectos, mediante la colocación de familiares o allegados en empleo público.
La causa continúa en fase de instrucción judicial, a la espera de nuevas declaraciones y del avance del análisis de la documentación y dispositivos electrónicos intervenidos.
