Joan-Carles de Blas, agente de la Guardia Urbana de Barcelona
Las Policías Locales nacen con una misión clara y diferenciada dentro del sistema de seguridad pública: proximidad, prevención, convivencia y servicio directo a la comunidad. No son cuerpos diseñados para la confrontación institucional ni para la presión política indirecta a través de la ciudadanía. Precisamente por ello, determinadas prácticas sindicales que se están normalizando en algunos municipios merecen una revisión crítica desde un punto de vista técnico y profesional.
En contextos de conflicto laboral —muchas veces legítimo— se observa cómo algunas organizaciones sindicales promueven, de forma abierta o encubierta, la no cobertura de servicios policiales vinculados a eventos comunitarios: fiestas mayores, festivales, cabalgatas de Reyes, rúas de Carnaval, eventos multitudinarios u otros actos de alta participación ciudadana.
Desde una perspectiva estrictamente profesional, esta estrategia desnaturaliza el papel de la policía local. Conviene ser claros: el conflicto no radica en la reivindicación, sino en el uso del servicio policial como herramienta de presión.
La policía local no es un servicio accesorio ni prescindible según el contexto reivindicativo. Su presencia en actos comunitarios cumple funciones esenciales:
- Prevención de riesgos y anticipación de incidentes.
- Gestión de la convivencia en espacios públicos complejos.
- Generación de confianza y legitimidad institucional.
- Visibilidad del compromiso del cuerpo con la comunidad a la que sirve.
Cuando se decide afectar estos servicios, el impacto no es neutro: se compromete directamente la razón de ser del cuerpo.
Efectos técnicos y estratégicos claramente negativos
Desde un análisis operativo y organizativo, estas prácticas producen consecuencias graves:
- Incrementan riesgos innecesarios en escenarios de alta concentración de personas.
- Dañan la percepción de continuidad y fiabilidad del servicio policial.
- Rompen la lógica preventiva propia de la policía de proximidad.
- Trasladan el conflicto laboral al espacio público, donde no debería estar.
Pero hay un efecto aún más profundo y menos visible: se erosiona el contrato implícito entre la policía local y la ciudadanía. Ese contrato no se basa sólo en la ley, sino en la confianza, la presencia constante y la coherencia institucional. Cuando la policía “está o no está” en función de un conflicto interno, el mensaje que se transmite es demoledor para la legitimidad del cuerpo.
Desde una lógica sindical madura, estas estrategias resultan además contraproducentes:
- Debilitan la posición negociadora ante la administración.
- Facilitan discursos políticos que cuestionan el modelo de policía local.
- Justifican recortes, externalizaciones o reconfiguraciones del servicio.
- Generan fractura interna entre profesionales comprometidos con el servicio y los que no, lo que conlleva a dinámicas de confrontación interna.
Lejos de reforzar los derechos laborales, se pone en cuestión la utilidad social del propio cuerpo, algo extremadamente peligroso en el medio y largo plazo.
Policía local: proximidad, no presión social
El espíritu de la policía local es claro: estar donde está la gente, especialmente cuando la ciudad se expresa colectivamente. Los eventos comunitarios no son un “extra”; son uno de los principales espacios donde la policía local la más próxima a la ciudadanía despliega todo su sentido.
Utilizar estos espacios como mecanismo de presión sindical supone una quiebra conceptual del modelo de policía local y una confusión grave entre conflicto laboral y servicio esencial.
Un sindicalismo policial técnicamente sólido debería orientarse a:
- Defender derechos laborales con datos, informes y argumentos operativos.
- Señalar déficits estructurales sin comprometer la seguridad ni la convivencia.
- Presionar a la administración desde el plano institucional, no desde el social.
- Proteger la imagen, legitimidad y función pública del cuerpo al que representa.
Las Policías Locales no existen para tensionar la vida comunitaria, sino para sostenerla. Y cualquier estrategia que ponga eso en riesgo no es sólo discutible: es profesionalmente irresponsable.
Porque la pregunta de fondo no es si una reivindicación es justa o no, sino si el camino elegido es compatible con la razón de ser de la policía local y con la confianza ciudadana que la hace posible.
