La visita del alcalde de Sevilla al convento de Santa Inés volvió a situar en el foco el conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la Policía Local en pleno inicio del dispositivo navideño. José Luis Sanz insistió en la revisión individualizada de las 77 ausencias registradas durante el turno del alumbrado, y anunció expedientes disciplinarios y posibles acciones judiciales cuando las bajas no queden completamente justificadas.
Antes estos hechos, como ya hemos hecho otras veces, desde SeguCITY digital queremos ser muy claros: consideramos que la utilización de bajas médicas como forma de presión laboral es inaceptable. La Ley Orgánica 2/1986 no deja lugar a dudas: los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —incluidas las policías locales— tienen prohibidas las medidas de conflicto colectivo que comprometan el servicio público. La ciudadanía depende de un cuerpo profesional que ha demostrado, año tras año, su capacidad para garantizar la seguridad en eventos multitudinarios. Erosionarla con tácticas impropias no puede ser el camino. ¿Si la Policía Local no cumple estrictamente con la Ley, que fuerza moral tiene pare exigir su cumplimiento a la ciudadanía?
Ahora bien, la responsabilidad institucional es bidireccional. Y en este episodio, el Ayuntamiento tampoco está actuando con la claridad y proporcionalidad que cabría esperar. Declarar una situación de “emergencia” para cubrir un servicio navideño previsible, sin riesgos extraordinarios ni alteración real del orden público, no solo resulta injustificado, sino que contribuye a sobredimensionar un problema laboral que debería resolverse con negociación y no con terminología excepcional.
Una emergencia falsa es tan perjudicial como una reivindicación mal planteada
La revisión de partes médicos —que el propio alcalde reconoce que no pudo hacerse durante el fin de semana— pone de manifiesto un problema organizativo y de previsión que no puede imputarse exclusivamente a la plantilla. La improvisación política, revestida de urgencia, no sustituye a una gestión planificada.
Tampoco ayuda el relato simplificador sobre la propuesta de productividad. El Ayuntamiento y los sindicatos mantienen posiciones distantes, pero el debate sobre la compensación económica y las horas máximas legales debe abordarse con transparencia y rigor, no desde acusaciones cruzadas que solo alimentan la desconfianza. En este contexto, lo que Sevilla necesita no es una escalada retórica, sino una salida responsable.
La Policía Local debe cumplir con su deber legal y ético, sin recurrir a mecanismos al margen del marco normativo. Y el Ayuntamiento debe abandonar la tentación de exagerar escenarios para sostener decisiones políticas. Ambas partes tienen la obligación de proteger el interés general por encima de intereses coyunturales.
Este medio seguirá defendiendo lo que siempre ha defendido: profesionalidad, negociación real y respeto escrupuloso a la ley. La seguridad de una ciudad no puede convertirse en moneda de cambio ni en argumento propagandístico. Sevilla no se lo merece y la Policía Local tampoco.
