El actual marco regulador de la prestación asociada del Servicio de Policía Local entre municipios limítrofes es insuficiente y necesita una reforma profunda y urgente. No hay duda de que la Orden INT/2944/2010 (del Ministerio de Interior) supuso un primer paso importante para intentar dar solución al problema del mantenimiento de la seguridad en los pequeños municipios rurales, pero nació con algunas limitaciones que hoy frenan la operatividad, generan inseguridad jurídica y dificultan los acuerdos que muchos ayuntamientos necesitan para prestar un servicio eficaz, estable y coordinado. Este artículo defiende, desde una perspectiva técnica y estratégica, por qué es imprescindible la reforma de esa normativa.
La norma vigente establece limitaciones que, más que impulsar, parece querer limitar la prestación asociada del servicio. Así:
- Solo contempla convenios para los municipios que, por sí solos, carezcan de recursos suficientes, impidiendo, en sentido estricto, la colaboración entre municipios que sí cuentan con Policía Local, pero con medios insuficientes para garantizar un servicio eficaz y seguro durante 24 horas al día 7 días a la semana.
- Limita la posibilidad de acuerdos entre municipios que, en conjunto, superen los 40.000 habitantes.
- No prevé fórmulas flexibles de colaboración propias de áreas metropolitanas o periurbanas.
De esta forma, muchos municipios pequeños mantienen plantillas simbólicas, incapaces de cubrir fines de semana o noches o de hacerlo de forma segura para los propios agentes y eficaz para la ciudadanía. Municipios limítrofes comparten problemas, flujos de población, movilidad y riesgos, pero no pueden compartir policías de manera eficaz. Todo ello convierte la orden vigente en un instrumento excesivamente rígido.
Los municipios rurales necesitan acometer los servicios con realismo y solvencia
No es eficiente mantener plantillas aisladas cuando, en la práctica, la demanda ciudadana se mueve libremente entre municipios colindantes. En cambio, la prestación asociada permite poner en marcha la planificación y la optimización del servicio, estandarizar procedimientos, fijar mínimos operativos para diferentes momentos y situaciones, un importante ahorro económico en recursos y equipamiento policial, y una organización más eficaz y más segura, que puede reducir sustancialmente los tiempos de respuesta.
De otra parte, la cooperación entre municipios para abordar la seguridad local fortalece la gobernanza y permite afrontar de manera integrada problemas comunes, como: seguridad vial, botellones, zonas comerciales compartidas, urbanizaciones en frontera, incidentes de convivencia y atención a las emergencias.
Propuestas para una reforma de la Orden de Interior
En mi opinión, a partir del análisis técnico y de la experiencia acumulada en diversos municipios, la nueva norma debería incluir:
✔ La ampliación del ámbito de aplicación: la prestación asociada debe permitirse entre todos los municipios que no dispongan de recursos suficientes para un servicio eficaz, no solo entre los que carecen de servicio propio.
✔ Elevación del límite de población a 60.000 habitantes: el acuerdo entre municipios que conjuntamente reúnan hasta 60.000 habitantes pueden aportar mayor estabilidad y sostenibilidad a acuerdos con los municipios colindantes.
✔ Posibilitar la colaboración entre grandes ciudades y municipios de baja población: las áreas metropolitanas requieren fórmulas flexibles:
sólo a modo de ejemplo, Valladolid–Arroyo de la Encomienda, Sabadell–Polinyà, Sevilla–La Rinconada, etc.
✔ Clarificación completa de la cobertura jurídica del servicio. La normativa debe detallar aspectos como la responsabilidad civil, la cobertura de riesgos laborales, el mando operativo y el régimen disciplinario.
✔ Simplificación administrativa con silencio positivo: la autorización ministerial no puede ser un cuello de botella. Un plazo máximo y el silencio positivo reforzarían la agilidad del proceso de solicitud y autorización.
La reforma es urgente y también es estratégica.
