La Plataforma per la Llengua solicita una condena de cuatro años de prisión y una multa de 5.400 euros para cada uno de los dos agentes de la Policía Nacional de Terrassa. La acusación se fundamenta en un presunto delito de falsedad en documento público, después de que los agentes denunciaran a una profesora que se dirigió a ellos en catalán y fue obligada a hablar en castellano.
La organización en defensa del catalán, que representa a la docente, sostiene que los policías elaboraron una denuncia falsa contra ella por supuestamente negarse a identificarse. Según el escrito de acusación, los agentes recomendaron a la profesora que aprendiera la lengua del país.
Además de la pena de prisión, la ONG solicita que los policías indemnicen a la profesora con 3.000 euros por los daños sufridos. También pide que sean inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cuatro años. La Audiencia de Barcelona debe fijar la fecha del juicio.
El incidente tuvo lugar el 4 de marzo de 2022, cuando la profesora acudió a la comisaría de Terrassa para renovar su DNI. Según el escrito de acusación, los agentes le exigieron que hablara en castellano en todo momento, afirmando: “En español que estamos en España”.
Al salir de la comisaría, la mujer recomendó a los agentes que sería conveniente aprender idiomas y el catalán. Tras una breve discusión, en la que avisó a los policías de que estaba grabando con el móvil, fue denunciada administrativamente. Recibió dos sanciones: una leve (100 euros) por falta de respeto a la autoridad y otra grave (601 euros) por negarse a identificarse. Ante la angustia generada, acudió a Plataforma per la Llengua, que asumió la acusación contra los agentes.
El caso llega a juicio gracias a la insistencia de la ONG, pues inicialmente el titular del juzgado de instrucción 4 de Terrassa consideraba que la profesora era testigo y no víctima. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona validó la acusación de falsedad documental impulsada por Plataforma per la Llengua, aunque en un principio los agentes estaban acusados de más delitos.
Plataforma per la Llengua ha facilitado defensa legal a la profesora y ha coordinando la estrategia jurídica. La entidad la ha acompañado en la presentación de la denuncia, ha divulgado el caso con audios que demuestran la humillación sufrida antes de la detención, y ha organizado concentraciones en la calle para mostrarle apoyo. Además, ha impulsado una moción de respaldo en el pleno del Ayuntamiento de Terrassa.
