La ausencia de reglas específicas para los peatones ha transformado el paseo por determinadas ciudades en una auténtica carrera de obstáculos. Esta situación ha motivado que un país europeo tome la iniciativa para poner fin al desorden y buscar una mejor organización urbana. A través de una nueva ley, Eslovaquia regulará el movimiento de los peatones en la vía pública, con el propósito de evitar mayores problemas en las calles. El parlamento nacional ha aprobado una normativa que establece una velocidad máxima para peatones en las aceras, obligando también a otros modos de transporte como bicicletas y patinetes a respetar este límite.
La ley limitará la velocidad de desplazamiento de los peatones a seis kilómetros por hora, buscando mejorar la seguridad y reducir accidentes entre peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. La entrada en vigor está prevista para el 01/01/2026 y ya ha generado un intenso debate internacional.
Reacciones ante la nueva normativa
La propuesta legislativa ha suscitado numerosas reacciones negativas. Muchos consideran que la medida es excesiva e innecesaria, al no abordar los peligros reales para los peatones. No obstante, los defensores sostienen que Eslovaquia podría convertirse en un referente en seguridad vial y movilidad urbana gracias a esta regulación.
La cifra de seis kilómetros por hora se fundamenta en estudios científicos, los cuales indican que una persona adulta camina, por término medio, entre cuatro y seis kilómetros por hora. Por su parte, los patinetes eléctricos pueden alcanzar velocidades mucho más elevadas, entre veinte y veinticinco kilómetros por hora.
La aplicación de la norma a partir de 2026 ha provocado críticas por parte de la oposición eslovaca, que denuncia que esta medida contradice las promesas gubernamentales de fomentar la movilidad sostenible. Limitar la velocidad de los peatones podría incentivar el uso del vehículo privado, aumentando la congestión urbana.
Además, existen dudas sobre la forma en la que se controlará el cumplimiento de la ley. Aunque se han propuesto soluciones como radares, sensores o controles policiales puntuales, el Gobierno todavía no ha detallado el método que empleará para garantizar el respeto a la nueva normativa.
