Vox ha presentado una proposición no de ley en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. El objetivo principal de esta iniciativa es instar al Gobierno a suspender de manera inmediata la compra, instalación y renovación de contratos relacionados con radares y cámaras de vigilancia fabricados, o que incluyan componentes, de origen chino y que se encuentren vetados internacionalmente por motivos de seguridad nacional y ciberseguridad.
La propuesta también solicita la realización de una auditoría técnica y jurídica independiente sobre todos los dispositivos de control de tráfico de procedencia extranjera instalados actualmente en España, poniendo especial énfasis en aquellos de origen chino.
Motivos de la solicitud
Según Vox, desde 2022 la Dirección General de Tráfico, diversas policías autonómicas y varios ayuntamientos han instalado cámaras y radares de velocidad de tecnología y fabricación china. La formación advierte que estos dispositivos podrían suponer problemas de ciberseguridad, además de poner en riesgo la soberanía española en materia de datos.
El grupo parlamentario señala que ciertas empresas chinas han sido vetadas en países occidentales como Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, Lituania o Australia. Además, citan informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que alertan sobre los riesgos asociados al uso de determinadas tecnologías asiáticas y el aumento de actividades de ciberespionaje llevadas a cabo por grupos de hackers vinculados con China.
Por todo lo anterior, Vox solicita al Ejecutivo que adopte una postura prudente y tome medidas concretas para garantizar la seguridad vial, la ciberseguridad y los intereses nacionales frente a posibles amenazas derivadas del uso de dispositivos extranjeros en infraestructuras críticas.
