El Defensor del Pueblo ha instado a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla a garantizar el derecho de los aspirantes a acceder a toda la documentación relativa al proceso selectivo de la Policía Local, tras la denuncia presentada por un opositor que reclamaba mayor transparencia en la tercera prueba de la oposición, en concreto, la de carácter psicotécnico.
El candidato solicitó copia de las actas del tribunal, incluidas las de las entrevistas, así como los escritos de renuncia de varios miembros del tribunal y el acta de nombramiento del nuevo presidente. También pidió el cuadernillo de examen, su hoja de respuestas, las de los demás opositores, el manual de la prueba con sus criterios de corrección y las bases de datos que avalen la validez del test empleado.
El informe del Defensor del Pueblo recuerda que la legislación vigente reconoce a los participantes en los procedimientos selectivos el derecho de acceso a los documentos contenidos en su expediente «en cualquier momento». Asimismo, advierte que la negativa de la empresa encargada de elaborar los test psicotécnicos a difundir las preguntas por motivos de propiedad intelectual no constituye una justificación legal suficiente para restringir derechos constitucionales como el acceso en condiciones de igualdad al empleo público (art. 23.2 CE), la transparencia y la tutela judicial efectiva.
El organismo cita tanto la Ley de Transparencia de 2013 como resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en anteriores ocasiones ya se ha pronunciado contra la opacidad de las pruebas psicotécnicas cuando son gestionadas por empresas externas. Según estas sentencias, impedir el acceso del opositor al material que sirve para evaluarle es «incompatible con los principios de legalidad y transparencia».
En consecuencia, el Defensor del Pueblo considera que se debe facilitar a los opositores copia del cuadernillo de preguntas o, en su defecto, publicarlo por los cauces oficiales, para garantizar la publicidad y el control ciudadano sobre los procesos de selección en la Administración.
La resolución formulada concluye con una sugerencia dirigida a la Consejería melillense: entregar la documentación solicitada por el opositor y reforzar los mecanismos de transparencia en los procesos de acceso al empleo público, en cumplimiento de la Constitución y de la normativa estatal.
