El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado el Informe de Siniestralidad Vial elaborado por la Policía Local, en el que se recogen datos que ha calificado como “muy preocupantes”. El informe abarca el periodo desde 2020 hasta agosto de 2025, y detalla que se han producido un total de 417 siniestros viales. De estos, el 61% se atribuye al incumplimiento de las normas de tráfico y el 31% a distracciones al volante. Durante los últimos diez años, no ha habido un solo día sin que la policía local registre al menos un accidente de tráfico.
Uno de los problemas más graves es el exceso de velocidad, principal causante de la mayoría de los accidentes. Como ejemplo, en el puente Fernández Casado, un radar instalado desde 2019 ha contabilizado más de 1.000 denuncias por exceso de velocidad en los últimos dos meses, con velocidades de entre 65 y 80 km/h en un tramo limitado a 50 km/h. Actualmente, la ciudad dispone de dos radares en funcionamiento: uno fijo en la avenida Reina Sofía y un velocímetro móvil para controles aleatorios.
Los atropellos también representan una preocupación importante: en 2024 se registraron 24 personas atropelladas, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 16 casos.
El consumo de alcohol continúa siendo un problema grave. La media de los positivos en los controles de alcoholemia se sitúa en 0,85 mg/l, muy por encima del límite legal de 0,25 mg/l y del umbral de 0,60 mg/l, considerado delito penal. Además, se han detectado otros delitos viales como conducir sin carnet, sin seguro o sin la ITV en regla.
A nivel nacional, en 2024 fallecieron 488 personas en accidentes ocurridos en cascos urbanos en España. Según la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, los factores clave en la siniestralidad son la velocidad, las distracciones y el alcohol. Los usuarios vulnerables, como peatones y ciclistas, representan el 79% de las víctimas mortales en el país. El informe indica que Mérida se sitúa ligeramente por encima de la media nacional en cuanto a accidentes y siniestros viales.
Demanda ciudadana y respuesta municipal
La ciudadanía emeritense ha mostrado una demanda activa de mayor vigilancia y control de la seguridad vial, a través de escritos, correos electrónicos y registros en el ayuntamiento. Existe especial preocupación por la seguridad de los niños y las personas mayores en vías donde se supera ampliamente la velocidad permitida.
El gobierno municipal enfatiza que los controles de velocidad y alcoholemia no responden a intereses recaudatorios, sino que tienen como único objetivo proteger la salud y el bienestar de los vecinos. Las políticas públicas de seguridad vial se basan en datos objetivos, como los presentados en el informe, cuya publicación busca justificar la necesidad de adoptar nuevas medidas para reducir la siniestralidad en la ciudad.
Medidas ya adoptadas y otras previstas
El alcalde ha anunciado una serie de medidas de carácter pedagógico, entre las que destaca el refuerzo del Centro de Educación Vial de Mérida (CEVIMER) y su trabajo con los centros educativos. Se presentarán dos catálogos que se llevarán a colegios e institutos, además de explicar la gravedad de los delitos de tráfico, equiparándolos a otros delitos como el robo o la agresión física. También se han desplegado 12 radares pedagógicos que indican la velocidad a la que se circula.
Está previsto el inicio de una campaña de información dirigida también a los usuarios de vehículos de movilidad personal, enfatizando la obligación de respetar las normas de circulación. Además, se instalarán ocho radares adicionales que entrarán en funcionamiento junto con la Zona de Bajas Emisiones, una vez que se apruebe la ordenanza municipal.
Este jueves se aprobará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el Pleno municipal, un documento exigido por una directiva europea y que será obligatorio para municipios de más de cincuenta mil habitantes. La no implantación de la zona de bajas emisiones antes del 1 de enero de 2026 supondrá la imposibilidad de acceder a subvenciones europeas y el incumplimiento de la ley.
El subinspector de la Policía Local, Miguel Ángel Paredes Porro, autor del Informe, subraya que los delitos contra la seguridad vial suponen un riesgo intolerable para la convivencia ciudadana, y que tanto la policía como el gobierno municipal están obligados a tomar las medidas necesarias. En el radar de Reina Sofía se han detectado 23 delitos, todos con sentencias condenatorias. La ley exige perseguir este tipo de delitos, siendo el legislador quien ha determinado los límites de velocidad y las sanciones correspondientes.
