La inauguración de la Fiesta Mayor de Sabadell el pasado 4 de septiembre, que debía ser un acto solemne, se convirtió en el escenario de un conflicto laboral entre la Policía Local y el Ayuntamiento. Durante el pregón conducido por la alcaldesa Marta Farrés (PSC), trabajadores de la Policía Local intentaron boicotear el evento mediante ruidos y petardos. Esta acción, que se viralizó en redes sociales, puso de manifiesto una crisis enquistada en la relación entre el consistorio y parte de la plantilla.
El descontento de la Policía Local no es reciente. Desde principios de verano, los agentes dejaron de realizar horas extras, lo que ha provocado que el cuerpo funcione “bajo mínimos”. El trasfondo del conflicto radica en un convenio colectivo caducado desde 2021, prorrogado hasta la fecha y denunciado formalmente en 2022, cuya negociación sigue estancada.
El presidente del sindicato SPL-CME, Xavier Bartrolí, señala que el problema no es únicamente salarial, sino también de dignidad profesional y falta de recursos. La plantilla es insuficiente, los recursos tecnológicos son escasos y las condiciones materiales de la comisaría son deficientes, con instalaciones deterioradas y carencias básicas como la ausencia de duchas con regulador de temperatura y la necesidad de tramitar denuncias “con papel y boli”.
Reclamaciones sindicales y litigio judicial
El sindicato ha manifestado su descontento de forma reiterada, participando en los plenos municipales de junio y julio y anunciando la continuidad de las protestas. La principal reivindicación es el pago del complemento por festivos aunque los agentes estén de baja, una demanda que consideran respaldada por la Ley 15/2022, de 12 de julio. El importe total reclamado asciende a unos 700.000 euros, equivalentes a cerca de 5.000 euros por agente.
En mayo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a los agentes, aunque el Ayuntamiento recurrió. Casos similares se han producido en municipios como Palamós, Sevilla y Vigo, donde las sentencias también han sido desfavorables para los ayuntamientos.
El gobierno municipal afirma que la negociación sigue activa y que están trabajando en el convenio colectivo para todo el Ayuntamiento. Hay ejemplos de acuerdos recientes, como el alcanzado en julio sobre la paga de productividad, firmado por todas las secciones sindicales, incluida la Policía Local, que logró una mejora aceptada por el consistorio. Además, se ha previsto una dotación presupuestaria para el desarrollo de la carrera profesional en 2026.
El choque entre ambas partes tiene distintas dimensiones: la económica, por el litigio judicial sobre los pluses; la organizativa, por las condiciones materiales y la falta de recursos; y la simbólica, debido a las promesas incumplidas, como la construcción de una nueva comisaría anunciada en 2019 y aún pendiente.
Mientras la negociación se prolonga, la ciudad experimenta los efectos del conflicto, con una reducción de la cobertura de servicios y dispositivos especiales por la ausencia de horas extras. El boicot de la Fiesta Mayor fue un aviso sobre el impacto que el malestar policial puede tener en la vida pública de Sabadell.
