A finales de mayo de 2021, una trabajadora que ejercía como policía local inicia un proceso de incapacidad temporal debido a motivos de salud. Aunque inicialmente se preveía su conclusión, dicho proceso fue prorrogado hasta el 24 de noviembre de 2022 por el diagnóstico recibido.
En junio de 2021, los médicos diagnostican a la trabajadora una Leucemia Mieloide Aguda. Durante este periodo, la empleada experimentó complicaciones y tuvo que someterse a varios tratamientos, trasplantes y cirugías, tal como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, publicada en la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ante su situación, se iniciaron de oficio los trámites para que, tras la finalización de la incapacidad temporal, la trabajadora pudiera acceder a una incapacidad permanente. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le concede esta incapacidad permanente total el 23 de mayo de 2023, lo que le exime de ejercer su profesión habitual y le otorga derecho a una pensión del 55% de la base reguladora mensual de 2.614,5€, distribuida en 14 pagas anuales, según consta en la sentencia.
No obstante, el INSS considera que existe una previsión de mejoría en el estado de la trabajadora, lo que permitiría su reincorporación al puesto de trabajo.
Reclamación judicial y resolución
La empleada, convencida de que no podía reincorporarse a ningún puesto de trabajo, presenta una reclamación ante el Juzgado de lo Social nº4 de Valladolid solicitando que la incapacidad permanente total se reconozca como absoluta. Esta diferencia es relevante, ya que la incapacidad permanente absoluta exime de realizar tanto la profesión habitual como cualquier otra, manteniendo el derecho a la pensión.
El juzgado dicta sentencia a favor de la trabajadora, reconociendo su derecho a la incapacidad permanente absoluta. Sin embargo, la Seguridad Social, alegando que la enfermedad estaba en remisión y que existía previsión de reincorporación, interpone un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En julio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emite sentencia desestimando el recurso del INSS y ratificando el derecho de la trabajadora a la incapacidad permanente absoluta. El tribunal considera que, más allá de la teoría de los cinco años para la curación total de un proceso oncológico, la situación concreta de la demandante justifica el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, tal y como se recoge en la resolución judicial.
