Un oficial de la Policía Local de Felanitx (Mallorca) ha denunciado a su alcaldesa, Catalina Soler, por amenazas. La alcaldesa afirma que no le amenazó ni le insultó, aunque ha admitido que sí le recriminó por no haberle visto patrullar en la Raïm Wine Fest (fiesta que se celebraba), pese a que era el responsable de la seguridad aquella noche.
La alcaldesa, según fuentes municipales, ha negado en todo momento que fuese borracha o que insultara al oficial que presentó un informe contra ella. Sí que ha reconocido que le reprochó no haberle visto en toda la noche pese a que era el responsable de la seguridad en la fiesta.
Fue después de ese incidente cuando, siempre de acuerdo con la versión dada por la alcaldesa, el oficial le dirigió un comentario «sexista». La máxima responsable municipal ha hecho énfasis en que eso se lo dijo vestido de uniforme y en el ejercicio de sus funciones.
Según su versión, el informe presentado por el agente solo cuenta una parte de lo sucedido y no esta última, que ha provocado que la regidora de Igualdad anunciara que se convocaría el comité interno de los funcionarios para esclarecer en qué términos sucedió este supuesto comentario.
Exigen la dimisión de la alcaldesa
Al finalizar el pleno extraordinario, la portavoz del grupo socialista, María Gracia González, ha considerado que las explicaciones de Soler han venido a confirmar que los hechos explicados en el informe realmente sucedieron.
En concreto, la regidora se ha referido a las «amenazas y coacciones» que el oficial dijo haber recibido, lo que constituiría un episodio de «maltrato» hacia el funcionario.
A su parecer, «es muy grave» que la alcaldesa protagonizara un episodio de «acoso a un trabajador municipal que es oficial de policía», cuyas actuaciones en acto de servicio «se suponen ciertas siempre y están protegidas por la ley». Soler, ha lamentado, «ha dado la culpa de los hechos a todos menos a ella misma».
Sobre los supuestos comentarios sexistas de los que la alcaldesa asegura haber sido víctima, González ha asegurado que de ser ciertos serían un hecho igualmente grave y que merecerían la condena de su partido. También comportarían la obligación de que «esta persona no pueda vestir más un uniforme de policía local», ha añadido.
No obstante, la portavoz socialista, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha puesto en tela de juicio que este episodio realmente sucediera y ha especulado con la posibilidad de que sea «una estrategia de defensa para contradecir el informe que la acusa».
«Es la primera vez que he escuchado estas afirmaciones en boca de Soler y yo no puedo condenar algo que no está claro que haya pasado, dando veracidad a un comentario de la alcaldesa que únicamente pretende excusarse de hechos que sí que están verificados por un informe oficial y que ella misma no ha podido negar», ha sostenido.
Por todo ello, como ya hicieron poco después de que el informe trascendiera a los medios de comunicación, el grupo municipal socialista ha reclamado la dimisión de Soler, quien ya adelantó entonces que era una posibilidad que no contemplaba.
Más allá del contenido de la comparecencia de Soler –que fue solicitada por los grupos de la oposición–, González le ha recriminado su «talante desafiante y desagradable, elevando el tono de voz en numerosas ocasiones, descalificando e insultando a los miembros de la oposición».
Denuncias cruzadas
Después de que Soler ya anunciara su intención de llevar estos hechos ante la justicia, las fuentes municipales consultadas han confirmado que el caso se encuentra en manos de un Juzgado de Manacor.
El oficial denunció a Soler y remitió ante el juez el informe en el que expone su versión de lo sucedido, y la alcaldesa ha respondido personándose en el procedimiento a título personal.
Los hechos, siempre según las citadas fuentes, los están investigando la Guardia Civil ante la imposibilidad de que lo haga la Policía Local, habida cuenta de que hay un oficial implicado. Los socialistas han alertado de que Soler está estudiando que el Ayuntamiento de Felanitx también se persone en el procedimiento judicial. Eso, para González, supondría que «la total confusión entre sus intereses particulares y los de la institución a la cual representa en nombre de la ciudadanía».
