En un extenso y documentado artículo, el Diario.es ha denunciado la existencia de un verdadero “mercado negro” de permutas, desde otros municipios de la provincia hacia la Policía Local de Valencia. Según titula este medio, se llegan a pagar hasta más de 30.000 euros por conseguir una plaza en la capital de la Comunidad Valenciana”.
Desgraciadamente, parece que la corrupción no solo afecta al estamento político. Según las denuncias recibidas en la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana -una institución creada en el año 2016 por las Cortes Valencianas- “Se denuncia (…) ofrecimiento por parte de policía local en situación cercana a su jubilación de permutar su puesto con agente de la policía local de otro municipio cercano a cambio de 27.500 euros”.
Nuestras fuentes confirman la existencia de este mercado, que no solo afecta a las plazas de agente
Según fuentes no oficiales de la Policía Local de Valencia, lo que se denuncia en el artículo responde “absolutamente a la realidad y es una práctica muy extendida, especialmente desde que se aprobó la jubilación anticipada” y, según estas mismas fuentes este mercado ilegal “no sólo afecta a los policías, sino que se extiende a otras categorías de mando, como oficiales, subinspectores, inspectores e incluso intendentes. El límite (no oficial) está en la categoría de comisario, porque afectaría a una estructura de mando que está en permanente conflicto para alcanzar el poder”.
Según las fuentes de SeguCITY digital, “lo que ocurre es vox populi… pero todo el mundo mira hacia otro lado” “Hay veces que en el indicativo policial usado por un componente llegado de otra localidad se une jocosamente la cantidad que tuvo que pagar por su permuta”.
Como narra El Diario.es el procedimiento que se sigue es el siguiente: un agente de un municipio de menor tamaño y con peores condiciones laborales intercambia su plaza con otro del mismo rango de la Policía Local de Valencia. Así, gana la posibilidad de progresar en el Cuerpo y obtener mejores condiciones laborales. Para compensar la pérdida retributiva, el agente A recibe una contraprestación del agente B. En este zoco, ajeno a los controles administrativos, la ciudad de València se lleva la palma, aunque no es la única Policía Local donde suceden estas prácticas.
El entrecomillado referido a la Agencia Antifraude, se refiere concretamente a una denuncia interpuesta en 2022 sobre presuntas irregularidades entre un agente de la Policía Local de Beniparrell y otro de Valencia. El agente de la capital se jubiló muy poco después de que sendas administraciones autorizaran el intercambio. Es uno de los pocos casos que se han llegado a investigar, aunque dadas las limitaciones procesales del organismo público, solo ha tenido repercusiones administrativas.
Según la normativa vigente en la Comunidad Valenciana sobre permutas, entre los requisitos exigidos se encuentran que los agentes deban estar al menos un año en servicio activo y que no haya una diferencia de edad superior a cinco años entre permutados, pero muchos ayuntamientos hacen la vista gorda. La investigación Antifraude constata que el agente de Valencia que cambió a Beniparrell se jubiló “inmediatamente”.
El precio de la permuta se incrementa en las categorías de mando
Según la información publicada por El Diario.es, el coste de este tipo de permutas aumenta a medida que lo hace la categoría jerárquica de los funcionarios involucrados. Según el artículo “En la capital valenciana se han llegado a abonar hasta 40.000 euros por obtener un puesto, apuntan estas fuentes. Un agente en un municipio pequeño apenas percibe 1.500 euros netos al mes, mientras que en la capital son, al menos, 2.000. Un oficial de policía en València ronda los 45.000 euros, un intendente los 60.000 euros y un comisario -segundo escalón del Cuerpo- ronda los 70.000 euros anuales en la capital, entre los mejor pagados junto a Benidorm, Elche, Alicante o Castellón”.
La Agencia Valenciana Antifraude abrió dos investigaciones por un acuerdo entre el Ayuntamiento de València y el de Beniparrell por el que, presuntamente, un agente paga a otro la cantidad citada para obtener su plaza. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia en 2022, reiterada en 2023, que manifestó que “se va a producir una compensación económica entre los funcionarios para que uno de ellos acceda a la tramitación de la permuta”, que se autorizó al año siguiente. En el inicio de investigación, la entidad que vela por la ética en la Administración Pública apreció “presunto fraude de ley que se presupone al menoscabar el acceso a la función pública por turno libre o movilidad al resto de aspirantes”. Con ello, se puso de manifiesto lo injusto del sistema en la función pública y la falta de control de las administraciones.
Antifraude no pudo demostrar el pago por la plaza al necesitar autorización judicial para intervenir las comunicaciones, y una serie de pesquisas que escapan a su competencia, y procedió a finalizar el expediente: la agencia valenciana no puede realizar actuaciones que corresponden a la Fiscalía y al juzgado. Pero en la segunda investigación sí apreció causas de nulidad del acuerdo, que trasladó a los consistorios. Las permutas de València llevan desde el inicio de la investigación paralizadas. Las denuncias las han frenado.
