El Ministerio Público considera que fue un homicidio doloso y no un crimen imprudente y pide al juzgado que el agente de la policía madrileña entre en prisión, la misma medida que ha solicitado la acusación particular. La Fiscalía defiende en un escrito que los hechos merecen la calificación jurídica de homicidio doloso y no imprudente. También considera que el agente de Policía Municipal de Madrid que estranguló a Abderrahim Akkouh hasta la muerte debería estar en prisión preventiva. Ahora, tendrá que ser la magistrada del Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4, donde se investigan los hechos, la que decida, antes de agosto, si el policía entra en prisión como medida cautelar, algo que también apoya la representación de la familia, que califica los hechos como un asesinato.
La autopsia preliminar del fallecido ya indicó que este hombre, de 35 años y origen magrebí, falleció por anoxia, es decir, falta de oxígeno en el organismo.
La Fiscalía entiende por segunda vez y tras practicarse numerosas diligencias durante más de un mes que “nos hallamos ante un delito de homicidio doloso… en la conducta del investigado de la concurrencia de dolo eventual”. Sobre esta conducta, el mataleón y las advertencias de diversos vecinos en la zona de que estaba matando a la víctima, llega a esta conclusión “no solo por la pericia que cabría suponer al investigado en una maniobra como la que estaba realizando y el riesgo que la misma entraña, sino por las indicaciones que le estaban haciendo las personas que presenciaron los hechos sobre el padecimiento de Abderrahim, con la referida maniobra, que tendría que haber sido prevista al menos por el investigado”.
La decisión de prisión provisional ya queda en manos de la jueza
El policía investigado fue detenido la noche de los hechos, aunque fue puesto en libertad posteriormente, con medidas cautelares y acusado de un homicidio imprudente. Ante dicho extremo, tanto los abogados de la familia de fallecido, como el Ministerio Público, pidieron la prisión provisional del investigado como medida cautelar. La jueza la rechazó y ahora, en un nuevo escrito, la Fiscalía apoya la medida que solicita la familia.
De esta manera, la Fiscalía reitera que concurren los presupuestos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional, un criterio que comparte con los abogados de la acusación. Así lo desgrana el Ministerio Público: “Lo compartimos en lo que atañe al posible riesgo de fuga por la pena de prisión de 10 a 15 años a la que pudiera enfrentarse y el riesgo de destrucción, ocultación o alteración de fuentes de prueba”.
De otra parte, el escrito fiscal se posiciona en contra de que los hechos puedan considerarse un asesinato, tal y como exigían los letrados de la familia del fallecido. Mientras que los abogados de la familia consideran “que fue un asesinato por la alevosía con la que el policía actuó sobre Abderrahim, ya que la contundencia de la intervención privó a la víctima de cualquier tipo de defensa”. Sin embargo, la Fiscalía entiende que “esa contundencia en todo momento fue dirigida a evitar que la víctima pudiera huir del lugar”.
La acusación particular también reclama que el agente jubilado que acompañaba al otro mientras sucedían los hechos, que no realizó ninguna acción para frenar a su compañero, pase a ser investigado y pierda su calidad de testigo en el procedimiento judicial.
Según dicha acusación, si la jueza acepta la nueva tipificación del delito el policía investigado pasaría de enfrentarse a una posible pena de prisión de 1 a 4 años, a una horquilla entre los 10 y 15 años de cárcel.
La familia del fallecido todavía está a la espera de la autopsia definitiva, que certificará o no si el estrangulamiento fue la causa directa de la muerte. También consideran que los diversos vídeos grabados por transeúntes de la zona en la que sucedieron los hechos “Son suficientemente categóricos como para entrever un asesinato”.
