El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que modifica el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) con el fin de agilizar la gestión judicial y reforzar la colaboración entre los cuerpos policiales y la Justicia, para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia.
El SIRAJ es una base de datos estatal que recoge la información sobre medidas cautelares, requisitorias y penas impuestas por los órganos judiciales con competencias penales. Su función principal es servir de apoyo a la actividad de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras autoridades competentes.
Hasta ahora, las Policías Locales a quienes se consideran las responsables de la mayoría de las detenciones por hurto, no tenían acceso a este sistema, por lo que no podían saber si la persona detenida tenía ya antecedentes por ese mismo delito ni la cuantía que había sustraído. Con esta reforma, la Policía Local de los municipios de mayor población podrá acceder desde el primer momento a esa información del SIRAJ, y esto les permitirá derivar a la persona detenida inmediatamente al juzgado indicado, agilizando por lo tanto su procesamiento y una eventual condena.
Se desconoce la razón por la que no se ha dado esta facilidad al conjunto de las Policías Locales, aunque resulta de difícil explicación.
Además, esta medida tendrá un efecto disuasorio sobre los delincuentes habituales al ver cómo la aplicación de penas de prisión por multirreincidencia es mucho más rápida que hasta ahora. De manera que la reforma no solo permitirá acelerar la tramitación de casos, sino que contribuirá a reducir la sensación de inseguridad en comercios, transporte público y zonas turísticas.
Asimismo, el Real Decreto adapta el SIRAJ al sistema europeo de intercambio automático de condenas (ECRIS), ampliando su alcance a ciudadanos de terceros países y apátridas, lo que mejora el control y seguimiento de antecedentes penales a nivel internacional.
Y, por último, incorpora novedades para optimizar la gestión de las solicitudes de cancelación de antecedentes penales, contribuyendo así a una administración de Justicia más eficiente y moderna.
