El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, ha anunciado el firme compromiso de su partido para “combatir el alarmante aumento de empadronamientos ilegales detectados”. Para ello, en todos los municipios donde ejerce el Gobierno Municipal en solitario o con acuerdos de gobierno con el Partido Popular, establecerá una batería de medidas para evitar cualquier empadronamiento que no se ajuste estrictamente a la Ley.
En este acto, el portavoz de VOX estuvo acompañado por Fulgencio Coll, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca; David Moreno, concejal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Gonzalo López, concejal del Ayuntamiento de Cartagena; y Pilar Fenoy, primera teniente de alcalde y concejal de Níjar.
Fúster declaró que los empadronamientos ilegales generan un «efecto llamada» a una inmigración «incompatible que daña los servicios públicos y es un riesgo para la seguridad», y que «favorece a las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos».
Para frenar esa situación, VOX pretende utilizar a las Policías Locales, con el fin de que comprueben los empadronamientos “ilegales” y, de forma especial, en aquellos en los que sus concejales asumen la responsabilidad municipal en materia de seguridad ciudadana, como Elche, Castellón, Burgos, Collado Mediano, Moraleja de Enmedio, Navalmoral de la Mata, El Casar, Burriana, Crevillent, Alicante, Valladolid, San Vicente de Raspeig y Yuncos.
Este tipo de medidas ya ha supuesto un choque con el PP y con Cáritas, que ya han adelantado su rechazo en la ciudad de Burgos. La organización católica ha denunciado el intento de Vox de perseguir los «empadronamientos ilegales de inmigrantes» a través de la Policía Local en la capital burgalesa. Por su parte, la alcaldesa Cristina Ayala ha declarado que ella es «la única autoridad» y no las aplicará.
Según el artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, “El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos”.
Según las resoluciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Ley deja clara la obligación de empadronar a todos aquellos que acrediten su residencia en el municipio, sin necesidad de ningún otro requisito, lo que complica de forma importante las pretensiones de VOX. En concreto, un informe jurídico de la Federación confirma la obligación de los ayuntamientos de empadronar a las personas que residen en un municipio y argumenta para ello que el Padrón Municipal es un registro administrativo de situaciones de hecho y no de derecho, “que debe ser un reflejo de la realidad”, con independencia de la calificación jurídica que se dé a la condición de residencia, “es decir si la residencia es legal o ilegal y del derecho que tenga o deje de tener para ocupar el domicilio en el que viva”.
