Jorge Bravo, agente de la Policía Local de Parla y padre de nueve hijos, ha iniciado una huelga de hambre como medida de protesta ante la falta de acuerdo con el Ayuntamiento respecto a la adaptación de su turno de trabajo. El funcionario asegura que la actual asignación en horario diurno le impide conciliar adecuadamente su vida profesional y familiar.
Según ha explicado públicamente, su última ingesta tuvo lugar el lunes por la tarde y mantiene su intención de prolongar la protesta hasta que se produzca una solución administrativa o su estado de salud obligue a su hospitalización.
El agente sostiene que ha solicitado el turno nocturno —que considera más compatible con la organización familiar— y que, además, ha planteado hasta cuatro alternativas horarias que no han sido aceptadas.
Dificultades de conciliación
Bravo expone que, tras el nacimiento de su noveno hijo, la gestión diaria del hogar resulta especialmente compleja para su esposa, en particular en lo relativo a desplazamientos y atención simultánea de los menores. En dos ocasiones, ante la imposibilidad material de resolver la situación, llevó a dos de sus hijos a dependencias laborales, circunstancia que ha derivado en la apertura de un expediente disciplinario en el que se plantea una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres meses.
El agente ha manifestado que le resulta difícil comprender que la conciliación sea, a su juicio, más compleja en el ámbito de la función pública que en la empresa privada, especialmente teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de igualdad y conciliación, así como el marco regulador europeo aplicable.
Vía judicial abierta
Según ha indicado, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para impugnar la decisión municipal. No obstante, señala que los plazos judiciales no ofrecen una respuesta inmediata a la situación actual, motivo por el cual ha optado por la huelga de hambre como medida de presión.
En sus declaraciones públicas, el agente ha expresado su malestar por la falta de acuerdo con el Ayuntamiento de Parla y ha apelado a la necesidad de encontrar una solución basada en la buena voluntad y el diálogo institucional.
El caso ha reabierto el debate sobre la conciliación en los cuerpos de seguridad, un ámbito en el que la organización por turnos y las necesidades del servicio condicionan de manera significativa la planificación familiar, obligando a compatibilizar el interés público con los derechos individuales reconocidos en la normativa vigente.
