El conflicto entre la Policía Local de Torrelavega y el Ayuntamiento se agrava tras las comparaciones con Santander, donde los agentes denuncian una diferencia salarial que alcanza hasta los 800 euros mensuales. A esta situación se suman carencias de personal, falta de equipamiento y el incumplimiento de acuerdos laborales, en un contexto marcado por protestas y una reciente sentencia judicial que obliga a retomar la negociación.
El enfrentamiento entre la plantilla de la Policía Local de Torrelavega y el equipo de gobierno municipal continúa escalando. A raíz de las recientes reivindicaciones en Santander, desde la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB) han querido subrayar que la situación en el municipio torrelaveguense presenta diferencias retributivas aún mayores.
Según trasladan fuentes sindicales, la brecha salarial puede situarse entre 700 y 800 euros mensuales en comparación con otros municipios, siempre que no se realicen servicios extraordinarios. “Si no haces extras, esa es la diferencia; con horas extraordinarias se puede igualar a Santander”, explican desde la organización.
Los representantes de la plantilla sostienen que los propios datos económicos manejados por el Ayuntamiento evidencian desigualdades en complementos y retribuciones. A su juicio, no se trata solo de una cuestión económica puntual, sino de un problema estructural que sitúa a Torrelavega en una posición más desfavorable incluso que la capital cántabra.
El malestar de la plantilla no se limita al ámbito retributivo. Los agentes denuncian desde hace tiempo una falta de efectivos que, en determinados turnos, reduce la presencia policial en la calle a dos o tres integrantes, una circunstancia que consideran insuficiente para prestar el servicio con garantías.
A ello se añade la escasez de medios materiales. Según indican, llevan cerca de dos años sin recibir dotación de vestuario, lo que afecta directamente a las condiciones en las que desarrollan su trabajo diario. Asimismo, insisten en que existen compromisos adquiridos con el Ayuntamiento que no se han ejecutado, lo que ha incrementado la tensión entre ambas partes.
Este escenario ha derivado en movilizaciones visibles, con presencia de agentes en sesiones plenarias y protestas públicas. Además, la reciente resolución judicial que obliga al Consistorio a retomar las negociaciones laborales ha reforzado la posición de la APLB, que denuncia haber sido apartada de los procesos de diálogo.
