El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido recientemente una resolución dirigida al Ayuntamiento de Burlada/Burlata, en la que insta a la adopción de medidas encaminadas a garantizar la prestación de un servicio policial de calidad durante todo el año. En la resolución, la institución enfatiza la necesidad de revisar el tamaño actual de la plantilla de la Policía Municipal, sugiriendo que se ajuste a las ratios establecidas en el artículo 21 de la Ley Foral 23/2018, de Policías de Navarra.
La resolución surge como consecuencia de la queja presentada por un agente municipal, quien solicitó la compensación de horas por la asistencia a un curso de formación, petición que fue denegada por el Ayuntamiento. Aunque el Defensor del Pueblo considera que la decisión municipal fue adecuada en este caso concreto, subraya que el verdadero problema es de carácter estructural. Se señala una insuficiente organización de la plantilla, lo que ha generado situaciones similares en el pasado, como dificultades para cuadrar vacaciones o permisos del personal.
En su contestación, el Ayuntamiento de Burlada reconoce la complejidad de gestionar los calendarios del personal policial. Entre las causas de esta dificultad menciona la aplicación simultánea de diversas normativas, la reducción progresiva del número de efectivos, el alargamiento de los procesos para cubrir plazas vacantes y un alto nivel de absentismo. No obstante, el Ayuntamiento defiende que su prioridad es garantizar el servicio público, aunque ello implique limitar la concesión de permisos o compensaciones al personal.
El Defensor del Pueblo destaca que esta problemática ya había sido identificada en expedientes anteriores y advierte que, si no se toman medidas, la situación podría prolongarse en el tiempo y poner en riesgo la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. Por ello, el Ayuntamiento dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar si acepta la recomendación y detallar las medidas que prevé adoptar.
