El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha denunciado públicamente que varios consistorios riojanos «desobedecen sistemáticamente» las normas sobre recogida y custodia de animales. Tomando como punto de partida el incidente del 13 de noviembre en Nájera —dos mastines encontrados junto a la N-120—, SeguCITY digital amplía la mirada: no se trata de un problema exclusivamente regional, sino de una práctica que, por denuncias y quejas ciudadanas, se repite en numerosos municipios de otras comunidades autónomas, donde los ayuntamientos evitan asumir sus competencias en materia de bienestar animal.
El SRPF recuerda que, según la normativa vigente en materia de bienestar animal, la competencia de recoger, custodiar y alojar animales extraviados o abandonados corresponde a los ayuntamientos. Esa obligación incluye la disposición de un servicio de urgencia que asegure la recogida inmediata y la atención veterinaria, disponible de forma continua. Sin embargo, el sindicato critica que en casos como el de Nájera los consistorios no activan los mecanismos previstos, lo que obliga a los ciudadanos a alertar al 112, a la Guardia Civil o a las Policías Locales.
Pero, más allá de La Rioja, existen numerosas quejas y avisos ciudadanos que apuntan a fallos similares en otras administraciones locales: servicios fragmentados, cobertura limitada a horario de oficina o la dependencia de soluciones puntuales que no garantizan atención las 24 horas. En muchos municipios la infraestructura para acoger animales (centros de protección o convenios estables con entidades especializadas) es inexistente o insuficiente, y la atención recae en soluciones improvisadas.
En este contexto, el SRPF advierte de una segunda práctica preocupante: algunos ayuntamientos, en lugar de asumir su responsabilidad, derivan de facto la gestión a las Policías Locales, asignando a los agentes tareas de recogida y custodia que exceden su función operativa. El sindicato considera que esta externalización forzosa pone en riesgo la seguridad de los agentes, de la ciudadanía y de los propios animales, puesto que no siempre se dispone de los medios ni de la formación veterinaria necesaria.
El caso de Nájera pone de manifiesto una realidad más amplia: la protección animal exige recursos, planificación y responsabilidad política a todos los niveles. No es suficiente con declarar la competencia; hace falta cumplirla. Mientras tanto, Policías Locales y ciudadanos siguen siendo quienes, con frecuencia, sufren las consecuencias de esa ausencia de respuesta.
