Igual que lo hicieron recientemente sus compañeros de Extremadura, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SPPLB han expresado su «firme oposición a la reserva de plazas en la Policía Local para el personal de Tropa y Marinería» en la Comunidad Valenciana. Consideran esta medida «injusta y carente de fundamento en el marco del acceso a la función pública» y recuerdan que «recientemente se discutió en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el grupo político Vox para la reserva del 20% de esas plazas» para personal del Ejército tras cumplir 45 años de edad.
Además, señalan que este tipo de medidas ya se plantearon en 2014 y generaron «un rechazo generalizado por parte de todos los sindicatos y del arco parlamentario, lo que llevó a su eliminación a partir de 2015».
En su análisis, van al origen de este problema: «Entendemos que el problema principal que afecta al personal de Tropa y Marinería es la falta de una verdadera carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas, lo que les obliga a buscar alternativas laborales fuera de la institución».
Los sindicatos consideran que el Gobierno central debería abordar una reforma de la Ley de Tropa y Marinería que garantice la estabilidad y continuidad laboral de estos profesionales dentro de su propio ámbito de trabajo, permitirles desarrollar su carrera profesional hasta la edad de jubilación en las Fuerzas Armadas y no verse forzados a salir de la institución por razones de edad.
«Respetamos y valoramos profundamente el esfuerzo y la dedicación de estos militares, así como la importancia de su reincorporación al mercado laboral tras finalizar su servicio», abundan. «Sin embargo, consideramos que la solución a estas problemáticas debe pasar por políticas específicas de formación, reciclaje profesional y orientación laboral, y por supuesto dentro de su carrera profesional, en lugar de implementar reservas en otras instituciones que puedan discriminar al resto de la ciudadanía.
A su juicio, la reserva de puestos para este grupo de profesionales del Ejército no soluciona el problema de fondo y, además, «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público».
En cambio, subrayan que «la Policía Local requiere una selección basada en criterios objetivos que garanticen la idoneidad de los candidatos para el desempeño de sus funciones, sin que existan privilegios o discriminaciones en el acceso».
De lo contrario, el acceso definido en esa propuesta elevada al Parlamento autonómico «conllevaría una militarización de un cuerpo tal y como señala la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) de naturaleza civil y jerarquizada, donde las funciones de un colectivo (Ejército y Policía) en un estado social y democrático de Derecho difieren sustancialmente». Otro perjuicio sería que «además genera un envejecimiento en las plantillas que, debido a la cercanía a la edad de segunda actividad sería una carga difícil de asumir para los municipios», concluyen.
