La apuesta de los municipios gobernados por EH Bildu, de convocar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para policías locales, en las que tanto el tribunal como las pruebas son realizadas por los propios ayuntamientos y no por la Academia de Policía del País Vasco (Arkaute) es la base del enfrentamiento que se está produciendo, aunque tiene un fondo mucho mayor.
Desde hace unos años, en el legítimo ejercicio de sus competencias constitucionales en materia de coordinación de las Policías Locales, el Gobierno Vasco realiza convocatorias conjuntas, donde los aspirantes se presentan tanto a puestos de Ertzaintza como de Policías Locales.
En respuesta a esta política del Gobierno Vasco, ya a finales de 2023 se anunció la primera iniciativa conjunta en los municipios vizcaínos de Ondarroa, Lekeitio y Markina-Xemein, todos ellos gobernados por EH Bildu, para cubrir cinco plazas de Agentes de Policía Local «de cercanía».
Esta iniciativa buscaba reforzar sus plantillas en un contexto marcado por la reciente Ley de Policía del País Vasco, que exige el uso de armas de fuego por las Policías Locales en los municipios de más de 5.000 habitantes, (exigencia no compartida por los ayuntamientos gobernados por EH Bildu),
La convocatoria de la OPE para 2025 ha vuelto a reavivar el debate sobre el modelo policial en Euskadi, especialmente tras la firma, el pasado 25 de febrero de un nuevo convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios del Pais Vasco (EUDEL) para «fortalecer y reforzar la cooperación.
Las prioridades
Los puntos principales de fricción radican en la obligatoriedad de portar armas y en el control de la formación policial.
Mientras que el modelo tradicional, respaldado por el PNV, establece que tanto las pruebas de acceso como la formación debe ser impartida y supervisada por la Academia Vasca de Policía y Emergencias – (Arkaute), dependiente del Departamento de Seguridad, EH Bildu aboga por un modelo en el que las policías municipales estén integradas por agentes que conozcan de primera mano los pueblos, priorizando el conocimiento del euskera y la relación con los vecinos, sin que el uso de armas de fuego sea una imposición.
Iratxe Lasa, alcaldesa de Markina-Xemein, ha expresado su opinión sobre esta cuestión: «Un arma de fuego no atiende a las necesidades reales de nuestro municipio, sin embargo, entendemos que es una normativa y tenemos que implementarla».
El debate sobre el modelo policial en Euskadi sigue abierto, con posturas encontradas entre quienes defienden un modelo unificado y quienes buscan alternativas adaptadas a las particularidades de cada municipio.
