La asunción de investigaciones relacionadas con delitos graves por parte de la Policía Municipal de Pamplona ha generado un creciente malestar en la Policía Nacional, concretamente del sindicato Jupol, en un contexto de discrepancias sobre el reparto competencial y la aplicación del marco legal vigente. Según fuentes de dicho sindicato, esta práctica podría contravenir lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986 y en el Real Decreto 769/1987, normas que -siempre según las mismas fuentes- limitan las funciones de las Policías Locales a actuaciones en delitos leves y funciones auxiliares en el ámbito de la Policía Judicial.
El sistema de emergencias 112 activa de forma habitual a la Policía Local en intervenciones de especial gravedad, como homicidios o agresiones sexuales. En estos casos, serían agentes municipales quienes asumen inicialmente las diligencias, mientras que unidades especializadas de la Policía Nacional, como la Policía Científica, intervienen posteriormente para la recogida de pruebas.
Este modelo operativo genera, según denuncian, situaciones en las que las inspecciones técnico-policiales se desarrollan sin una coordinación adecuada, especialmente en horario nocturno, cuando las unidades de investigación municipales no están operativas y la intervención recae en patrullas de seguridad ciudadana.
Críticas desde Jupol
Desde Jupol se advierte de que «esta dinámica puede afectar a la calidad de las investigaciones y a la solidez probatoria de los procedimientos judiciales, al no garantizarse siempre la intervención de unidades especializadas desde el inicio».
Asimismo, el sindicato sostiene que se ha producido un desplazamiento de funciones, situando a la Policía Nacional en un papel subsidiario, incluso en actuaciones que, por su naturaleza, corresponderían a sus competencias como Policía Judicial.
Entre las cuestiones planteadas también se encuentra la existencia de un supuesto “acuerdo verbal” por el que el cuerpo que primero interviene asume la investigación, una práctica que, según estas fuentes, carecería de respaldo formal y podría generar inseguridad jurídica.
Posición institucional
Desde el Ayuntamiento de Pamplona se considera que esta forma de actuación responde a una dinámica consolidada desde hace años, mientras que el Ministerio del Interior ha optado por no realizar valoraciones públicas al respecto.
Por su parte, la Policía Nacional asegura haber trasladado esta situación en reiteradas ocasiones a instancias superiores sin que, hasta el momento, se hayan adoptado medidas para clarificar el reparto de funciones.
