La Comisión para Analizar y Evaluar la Gestión del Funcionamiento de la Policía Local de Alicante celebró el pasado jueves una nueva sesión en la que, por segunda y última vez, compareció el comisario jefe principal, José María Conesa. La intervención estuvo centrada en el análisis de la disponibilidad operativa de efectivos, las carencias actuales de plantilla y las posibles medidas para mejorar la capacidad de servicio.
Conesa reiteró la insuficiencia de recursos humanos que ya había reconocido en su comparecencia anterior, y se mostró favorable a la propuesta impulsada por los grupos del Partido Popular y Vox para incorporar servicios de seguridad privada en determinados edificios municipales. El objetivo es liberar a los 36 agentes actualmente adscritos a funciones de vigilancia fija, para destinarlos a tareas de seguridad ciudadana y patrulla preventiva.
“Somos probablemente el único ayuntamiento del país que mantiene a policías vigilando museos y mercados municipales”, señaló el jefe del cuerpo. En su exposición, defendió que el refuerzo externo en la custodia de instalaciones permitiría incrementar el número de efectivos operativos en calle, una prioridad en el marco de las necesidades actuales del cuerpo.
Debate político sobre la externalización de servicios
Las explicaciones del comisario fueron recibidas de manera desigual por los grupos municipales de la oposición. Desde el PSOE, el edil Miguel Castelló coincidió en que existe déficit de plantilla, pero rechazó la vía de la seguridad privada, abogando por un plan plurianual de incremento de plazas y consolidación de medios propios.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, interpretó la comparecencia como un reflejo de “falta de recursos, desorganización y ausencia de datos clave”. Según indicó, la auditoría interna pone de manifiesto “problemas estructurales” que requerirían transparencia, planificación y ampliación de efectivos.
En términos similares se pronunció EU-Podemos, cuyo portavoz, Manolo Copé, sostuvo que el modelo actual está “agotado” y criticó lo que considera una “política de abandono y privatización encubierta”. Su grupo reclamó un viraje hacia un modelo con más medios, más personal y una defensa más firme del servicio público.
Comisión finalizada y diagnóstico operativo
La sesión también dio por concluida la fase de comparecencias de la comisión, que queda ahora a la espera de la redacción de sus conclusiones. La convocatoria no figuraba en la agenda pública municipal, pese a tratarse de un encuentro de acceso abierto, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.
Desde la constitución del órgano, los debates han girado en torno a cuestiones como la escasez de plantilla, las condiciones de la flota de vehículos, la disponibilidad de infraestructuras de tiro y otros elementos esenciales para la operatividad policial. Conesa ya había admitido en verano que las jubilaciones recientes han reducido los efectivos, situando a Alicante por debajo de otras ciudades comparables. Recordó, no obstante, que la ratio de agentes por habitante no está fijada legalmente, sino que responde a recomendaciones orientativas.
Sobre los medios materiales, el comisario fue contundente: la situación de parte de la flota “no es la deseable”, aunque subrayó que los vehículos no vuelven al servicio si no superan la inspección técnica en talleres municipales, desmintiendo que circulen sin ITV. También apuntó a la necesidad de mejorar el régimen de prácticas de tiro, dado que la Policía Local de Alicante carece de galería propia y debe alquilar instalaciones externas, sin garantía presupuestaria para este ejercicio.
