El Tribunal de Cuentas Europeo advierte que la UE está lejos de alcanzar sus metas de reducción de víctimas mortales por accidentes de tráfico: “La ambición debe ir acompañada de ejecución eficaz”, afirman desde esta institución.
La seguridad vial, tantas veces relegada al final de las agendas políticas, ha vuelto con fuerza al centro del debate europeo. En un informe demoledor publicado en abril de 2025, el Tribunal de Cuentas Europeo ha instado a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para cumplir los compromisos adoptados en materia de siniestralidad vial. El documento constata que, a pesar de ciertos avances desde 2010, la Unión Europea no alcanzará su objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico en 2030 si no se adoptan medidas “mucho más ambiciosas y coordinadas”.
En palabras del propio Tribunal: “Las iniciativas políticas europeas han sido relevantes, pero su impacto real ha sido limitado por la escasa implementación nacional y la falta de indicadores claros para evaluar los progresos.” Este mensaje puede leerse entre líneas como una crítica velada a la inercia burocrática.
El informe titulado “Seguridad vial en la UE: los esfuerzos de la Comisión no bastan para alcanzar los objetivos a largo plazo” detalla que, en 2023, se registraron 20.400 muertes por accidente de tráfico en la UE, apenas un 10% menos que en 2019, muy lejos de la senda deseada del 50%. El problema no reside tanto en la falta de voluntad como en la desconexión entre estrategias supranacionales y su ejecución a nivel estatal.
Uno de los puntos que más preocupa al organismo europeo es la falta de compromiso financiero. Aunque se han asignado fondos a través del Mecanismo “Conectar Europa” y el Fondo de Cohesión, solo una parte minoritaria se ha destinado específicamente a actuaciones de mejora de seguridad vial, lo que resta efectividad a los grandes objetivos declarativos. Asimismo, se denuncia la falta de datos armonizados y fiables que permitan evaluar qué políticas están funcionando realmente.
El sector automovilístico, y por extensión el concesionario, no es ajeno a este diagnóstico. La transformación del parque móvil, la adopción de tecnologías de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) y la integración de sistemas inteligentes de frenado y control son elementos clave que los distribuidores de vehículos pueden y deben impulsar como parte de la solución. La seguridad vial es hoy una cuestión transversal, que compromete al diseño urbano, la tecnología, el mantenimiento de infraestructuras y, por supuesto, a quienes ponen los vehículos en circulación.
Con todo, el informe concluye con una llamada a la acción: “Sin una implicación decidida y visible de los Estados miembros, los objetivos para 2030 y la visión cero para 2050 se quedarán en el papel.” Una advertencia que no solo interpela a los gobiernos, sino también a todos los actores implicados en la movilidad.
