El miércoles 11 de septiembre entraron en vigor las nuevas normas contempladas en la Ordenanza de Movilidad de Zaragoza, que afectan directamente a los usuarios de bicicletas y “patinetes eléctricos”. Entre las citadas novedades están el uso obligatorio del casco de seguridad hasta los 16 años y la obligación de portar una copia, en papel o en formato electrónico, de la póliza de seguro de responsabilidad civil que corresponda en cada caso. Las infracciones a estas normas conllevarán sanciones económicas de hasta 150 euros, si son denunciadas por los agentes responsables de la vigilancia del tráfico.
La aplicación de estas novedades ha generado desconcierto entre los usuarios, que han alegado desconocimiento de la misma, a pesar de la campaña previa de información llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad. Algún colectivo de ciclistas ha manifestado su intención de llevar a cabo una protesta pública el próximo viernes en la ciudad.
También algunos representantes de compañías aseguradoras han manifestado disconformidad con la norma, especialmente con la posibilidad de que las pólizas de seguro de hogar amparen la responsabilidad civil obligatoria exigida por esta Ordenanza de Movilidad a los conductores de este tipo de vehículos, indicando que hay bastantes compañías que no contemplan esas coberturas en sus contratos.
Por otro lado, dado que en Zaragoza existen servicios de alquiler de bicicletas y de “patinetes eléctricos” públicos y privados, se contempla que los usuarios de Bizi Zaragoza, compañía pública, no tengan que aportar la póliza de seguro privada, al tener la gestora del servicio pólizas que cubrirían la responsabilidad civil en caso de daños.
En el caso de las empresas que alquilan “patinetes eléctricos”, Bolt y Bird, están ofreciendo a sus usuarios cascos de seguridad para que estos cumplan la actual normativa municipal en vigor.
En otro orden de cosas, varias organizaciones de usuarios ciclistas han hecho pública su intención de “llevar a los Tribunales varios artículos de la Ordenanza de Movilidad de Zaragoza” recientemente aprobada. Afirman que “ha generado gran controversia por no haber incorporado prácticamente ninguna de las aportaciones” que efectuaron y por no recibir respuesta a las alegaciones presentadas.
Plantean estos colectivos su “rechazo a la obligatoriedad de suscribir un seguro de responsabilidad civil para poder circular en bicicleta por Zaragoza” y advierten del efecto “adverso” que esta norma supone: Muchos usuarios podrían circular sin seguro y estiman que habrá una disminución notable del uso de la bicicleta en la movilidad urbana de Zaragoza, con los problemas que conlleva el incremento de uso de vehículos a motor en los desplazamientos diarios.
Igualmente consideran discriminatorio otro aspecto que afecta especialmente a las bicicletas privadas; La prohibición de amarrarlas a elementos del mobiliario urbano (farolas, señales, bancos…) en zonas donde no hay aparacabicis. Y ello, teniendo en cuenta que se permite el estacionamiento de motocicletas en las aceras, en determinadas circunstancias.
Así pues, la puesta en marcha de estas novedades normativas está generando controversia desde el mismo día de su entrada en vigor.
