En el Consejo de Ministros del pasado 28 de mayo, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que obligará a los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal a tener seguro obligatorio de responsabilidad civil. “Se busca así compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos”, según informó la portavoz del Gobierno.
Para establecer las características y alcance de esta modificación legislativa, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración dispondrá de 6 meses desde la publicación de la Ley para emitir una propuesta de desarrollo reglamentario del seguro obligatorio para estos vehículos, que la nueva norma denomina como “vehículos personales ligeros”’, que son aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h., si su peso es inferior a 25 kg, o una velocidad máxima entre 6 y 14 km/h., si su peso es superior a esa cantidad.
La norma introduce también mejoras sustanciales en las indemnizaciones a las víctimas. En este caso, las modificaciones tienen como objetivo agilizar el procedimiento de valoración de las indemnizaciones, evitando en lo posible la vía judicial al permitir acudir a cualquier alternativa extrajudicial de resolución de conflictos; facilitando informes médicos y atestados policiales de manera gratuita, y estableciendo plazos más reducidos de valoración médica y emisión de informes, entre otras medidas.
Por lo que respecta a los importes de las coberturas, se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo. Y se incrementan o se amplían algunos supuestos indemnizatorios para mejorar la cobertura de los afectados, como es el caso por ejemplo de las personas dedicadas a las tareas del hogar de la unidad familiar.
Con el objetivo también de dar mayor seguridad a las víctimas de accidentes de tráfico, se amplían los supuestos de indemnización cubiertos por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. De esta forma, el Consorcio cubrirá los accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras.
Por último, el proyecto también establece que se deberá poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026. “Se busca aquí compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos”, según explica la web gubernamental.
